■ Le han retenido prerrogativas durante más de seis meses, acusa
Diputada perredista de Querétaro exige el pago de más de $1 millón
Querétaro, Qro., 28 de mayo. La diputada local perredista Consolación González Loyola Pérez interpuso una denuncia ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos en contra de servidores públicos y autoridades de la Legislatura local que no le han pagado más de un millón de pesos correspondientes a sus prerrogativas acumuladas en seis meses.
La legisladora argumentó que sus homólogos de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Convergencia, Verde Ecologista y Nueva Alianza están molestos con ella por exhibirlos en diciembre de 2007, cuando cada uno recibió un bono de 150 mil pesos luego de aprobar el presupuesto estatal de 2008.
Loyola González sostuvo que sus compañeros violan sus garantías de igualdad y no discriminación, pues no le permiten ingresar a la Junta de Concertación Política, que integran los coordinadores de las cinco fracciones parlamentarias, ni participar en la mesa directiva ni en dos comisiones especiales.
Dijo ser víctima de “represión política” de sus homólogos por votar en contra de diversas iniciativas, principalmente las propuestas por el Poder Ejecutivo, entre ellas la reforma constitucional recién aprobada.
Asimismo, sostuvo que las represalias fueron fraguadas desde el gobierno estatal. “¿Quién ha dado la orden directa? La tesorera (del Poder Legislativo local, Maricela Morfín) ha dicho que quien le ordenó no entregar los recursos fue el diputado Eric Salas, coordinador del grupo parlamentario (del PAN), quien es conocido como operador del gobernador (Francisco Garrido Patrón) en el Congreso”.
Explicó que, además de 54 mil pesos mensuales de dieta (cantidad que sí recibe), también tiene derecho a percibir 182 mil pesos para pago de asesores, asistentes, oficina de enlace legislativo y por el trabajo de cinco comisiones de las que es integrante.
Los 24 diputados restantes reciben los 182 mil pesos mensuales sin problema. Por ello la legisladora también interpuso un juicio de amparo que se encuentra en proceso.
De igual forma, indicó que desde marzo le correspondía coordinar la bancada perredista en el Congreso local e integrarse a las reuniones de la Junta de Concertación Política; sin embargo, no ha sido convocada porque los diputados argumentan que la Ley Orgánica de la Legislatura estipula que debe existir un documento que dé de alta al nuevo coordinador.