Editorial
Inseguridad: hechos y apariencias
La muerte de siete policías federales a manos de presuntos sicarios del cártel de Sinaloa, en un enfrentamiento ocurrido anteayer en el contexto de la llamada guerra contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, ha exhibido una vez más, para alarma de la población en general, la superioridad de fuerzas de las organizaciones criminales con respecto a las del Estado y la desprotección que padecen los efectivos gubernamentales. Significativamente, ayer, al ser cuestionado sobre el tema, el titular de la División de Fuerzas Federales de Apoyo de la Policía Federal Preventiva (PFP), Rodolfo Cruz López, reconoció que los integrantes de esa corporación muertos el martes no contaban con “suficiente parque” –como si los jefes policiales no supieran del riesgo que corren los efectivos a su mando de verse involucrados en combates de larga duración y gran intensidad– y que tampoco imaginaban que los sicarios a los que se enfrentaron contarían “con armas de uso exclusivo del Ejército”, soslayando que tal clase de armamento es, desde hace tiempo, un recurso habitual y hasta regular en los estamentos de la delincuencia organizada. A renglón seguido, el jefe policiaco advirtió que para combatir la inseguridad en Sinaloa son insuficientes los 300 policías federales que arribaron ayer a esa entidad, y que se necesitarían alrededor de 60 mil efectivos, “algo que es materialmente imposible”.
Estas declaraciones, que dejan ver las fallas garrafales de táctica y de planeación en la ofensiva gubernamental contra la delincuencia organizada, configuran un panorama opuesto al descrito ayer mismo por el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Eduardo Medina Mora, quien, al comentar el mismo hecho en una entrevista televisiva, afirmó que “aunque no lo parezca”, el gobierno federal “va ganando” la batalla al narco. Al mismo tiempo, el funcionario aseguró que “hay falta de comprensión”, tanto de los sectores de la oposición como de los medios de comunicación, con respecto a la campaña de combate al crimen emprendida por el gobierno calderonista, y que “la crítica” ha obligado a las autoridades a “replantear la estrategia”, en el sentido de “generar una alianza con todos los sectores políticos (y) con los medios de comunicación, con una causa que es de todos, que es nuestro esfuerzo por recuperar la paz”.
Tales asertos son inaceptables, en primer lugar porque constituyen un intento por ocultar lo evidente: el fracaso de la política de seguridad del gobierno en turno. En efecto, si la percepción ciudadana no abona el optimismo del grupo en el poder es, precisamente, porque los elementos de juicio disponibles apuntan en sentido opuesto: no puede afirmarse que el gobierno está superando a las organizaciones criminales, cuando éstas rebasan a las fuerzas de seguridad en organización y capacidad de fuego –como lo reconoció el propio Cruz López– y cuando el número de muertes de policías y militares aumenta de manera sostenida: más de 450 en los últimos 17 meses, de acuerdo con las propias cifras oficiales, a los que habría que sumar los caídos en esta misma semana.
Por lo demás, las afirmaciones del titular de la PGR acusan una confusión preocupante por cuanto insinúan que basta con redefinir la estrategia mediática para acabar con los escenarios de conflagración que se repiten por todo el país. En ese sentido, lo dicho por Medina Mora parece redición de lo expresado el pasado 12 de mayo por el jefe del Ejecutivo federal, quien “exigió” a la sociedad en general respaldo a sus estrategias de seguridad, y a los medios informativos divulgar las acciones gubernamentales contra las estructuras del crimen organizado, como si bastara con dejar de mencionar los problemas para que éstos se solucionen, y con suprimir las críticas a las estrategias gubernamentales para que tengan éxito.
Es urgente que el gobierno calderonista entienda que en la actual escala de combate, cuando sus fuerzas son rebasadas por las organizaciones delictivas y con una ola de violencia que parece incontenible, lo imprescindible no es refrendar alianzas políticas o mediáticas, sino rectificar la estrategia de seguridad que ha seguido hasta ahora y cuyos resultados perceptibles son la multiplicación y el escalamiento de la violencia y una inseguridad ciudadana más grave que nunca y que no es precisamente asunto de apariencias.