■ Encuentran en Perú más de 60 cadáveres de labriegos asesinados
Cinco mil comunidades rechazan decreto que incentiva la inversión privada en el agro
Lima, 28 de mayo. Más de 5 mil comunidades indígenas y campesinas comenzaron esta semana a recolectar firmas para presentar una acción de inconstitucionalidad contra el decreto del presidente Alan García para incentivar la inversión privada en tierras comunales.
El decreto legislativo 1,015, aprobado el 20 de este mes por el mandatario peruano, establece que las inversiones privadas en terrenos de comunidades indígenas de la sierra y la selva de este país andino y amazónico pueden considerarse autorizadas si obtienen los votos favorables de la mitad más uno de los miembros de las asambleas comunales.
Esta disposición modifica una ley vigente que exigía un mínimo de 66.6 por ciento de votos favorables de los miembros calificados de cada comunidad, inscritos en el padrón comunal. Ahora se podrá “gravar, arrendar o ejercer cualquier otro acto de disposición sobre tierras comunales” con la aprobación de mayoría simple de una asamblea, señala el decreto, sin el requisito de que sus miembros sean calificados y con voz y voto.
Cinco organizaciones de campesinos e indígenas se han unido para cuestionar el decreto ante el Tribunal Constitucional y realizar una serie de movilizaciones..
“No podemos permitir más abusos y que se vendan nuestras tierras imponiéndonos normas inconsultas”, dijo a Ips Antolín Huáscar, presidente de la Confederación Nacional Agraria. Según sus cuentas, de 5 mil 680 comunidades campesinas en la sierra y de más de mil 300 en la Amazonia, son más de 5 mil las que están articuladas en las organizaciones que se sumarán a las movilizaciones.
El reclamo se fundamenta en que el Poder Ejecutivo aprobó el decreto valiéndose de las facultades legislativas que le había extendido el Parlamento para otro fin, la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, y en vista de que no había conseguido que la norma fuera aprobada semanas antes por el Legislativo.
La presidenta de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso legislativo, Gloria Ramos, dijo que ese cuerpo rechazó la iniciativa por considerar que atentaba contra los derechos de las comunidades. En forma paralela se lleva a cabo la recolección de 30 firmas de legisladores opositores para elaborar otra demanda de inconstitucionalidad contra la polémica norma.
Robert Guimaraes, vicepresidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), señaló que el decreto fomenta la desarticulación del sistema de propiedad colectiva de los pueblos indígenas, sin considerar que “somos un país multicultural”.
La Aidesep, que prepara el sustento legal de la demanda de inconstitucionalidad, señala que el decreto viola el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT, que exige a los estados consultar a los pueblos indígenas cuando se prevean medidas legislativas o administrativas que puedan afectarlos. La norma también violaría varios artículos de la Constitución, que establecen que las comunidades son autónomas en su organización y garantizan la propiedad comunal.
“Al extinguirse la propiedad comunal se desaparece a una comunidad o pueblo indígena, puesto que para nuestros pueblos no existe un indígena sin territorio”, señala el análisis legal de la Aidesep, que fue redactado por el abogado Bady Casafranca.
El presidente García ha dicho que el decreto pretende acabar con una “suerte de racismo selectivo” que impedía a las comunidades de la sierra y la Amazonia las mismas oportunidades que las de la costa. Desde hace unos años, éstas pueden aprobar la inversión privada en sus tierras por simple mayoría.
En un artículo titulado “Receta para acabar con el perro del hortelano”, publicado en el diario El Comercio en 2007, el jefe del Estado anunció el decreto, por la necesidad de que los comuneros de la sierra y la selva dejen de ser “ciudadanos de segunda clase y sin iniciativa”. El texto, considerado el ABC del gobierno para fomentar la inversión privada y terminar con la oposición, llama a ésta el “perro del hortelano”.
Mientras, organismos especializados encontraron ya más de 60 cadáveres en una fosa común del departamento de Ayacucho, que se presume son de campesinos asesinados por el ejército en 1984, según reportes de instituciones de la exhumación conocidos en Lima.
“Lo que más indigna es el hallazgo de restos de niños de entre seis y 12 años, lo que permite corroborar que las tropas militares mataron a familias completas”, afirmó Norberto Lamilla, director de la asociación Paz y Esperanza.