■ La solución a la crisis alimentaria no es importar: campesinos
Calderón acata las disposiciones de la OMC, pero desprotege a agricultores
Productores de la cooperativa agropecuaria de la Comarca Lagunera, la Confederación Nacional de Propietarios Rurales (CNPR) y el Consejo Nacional de Organizaciones Rurales y Pesqueras (Conorp) asentaron que la propuesta del Ejecutivo federal para proteger la economía familiar acata las disposiciones de la Organización Mundial de Comercio (OMC) de abrir todos los mercados, pero deja desprotegidos a los agricultores.
“Dudo mucho que cualquier medida que tome el gobierno evite el alza de precios de los alimentos debido a las cotizaciones de los energéticos”, dijo vía telefónica Florentino Martínez, presidente de la cooperativa de la Comarca Lagunera. “Los agricultores requerimos que se bajen los precios de los fertilizantes, créditos oportunos y accesibles y freno a la especulación”, abundó.
Explicó que en el caso de los campesinos de la cooperativa –que en conjunto siembran 80 mil hectáreas–, utilizan 200 unidades de sulfato de amonio y nitrógeno, cuyo precio se incrementó 400 por ciento en los últimos tres años.
La importación de alimentos no es la solución, y menos eliminar los aranceles, porque eso “golpea a los productores nacionales, ya que las empresas prefieren los productos del exterior que los internos”, acotó.
Por su parte, Federico Ovalle Vaquera, dirigente de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC) y representante del Conorp, aseguró que el secretario de Agricultura (Sagarpa), Alberto Cárdenas, “ha sido insensible y cerrado a las propuestas de las organizaciones campesinas, las cuales desde el año pasado, durante la llamada crisis de la tortilla, exigieron a la Procuraduría General de la República que actuara contra los especuladores y acaparadores de maíz, pero hasta la fecha no hay ningún resultado”.
Recordó que también propusieron que se diera prioridad a la producción nacional de alimentos básicos y la creación de reservas estratégicas; se garantizara la alimentación sana, como un derecho fundamental, y se castigaran los subejercicios en la aplicación del presupuesto en que han incurrido las instituciones involucradas con el agro.
María Esther Terán Velázquez, dirigente de la CNPR, comentó que las acciones que anunció el presidente Calderón “son sólo de emergencia y coyunturales, cuando lo que reclama el campo con urgencia es el diseño de un plan estratégico de desarrollo agropecuario a largo plazo para garantizar una canasta básica de bienes y abatir la dependencia alimentaria”.
Propuso que se retorne a la producción de granos básicos y al aprovechamiento de los solares y traspatios para el autoconsumo, y que se suscriban acuerdos para disminuir los costos de los créditos.