■ Los líderes y trabajadores fueron levantados en el municipio neoleonés de Cadereyta

Doce meses de vía crucis de familiares de los 38 petroleros desaparecidos

■ Por medio de la senadora Rosario Ibarra el gobernador González Parás accedió a escucharlos

■ “Nos mandó con el procurador, éste con el jefe de la policía y así nos trajeron. No saben nada”

Blanche Petrich

El caso de los 38 líderes y trabajadores petroleros desaparecidos en mayo de 2007, en Cadereyta, Nuevo León, finalmente alcanzó a inquietar al gobernador Natividad González Parás cuando la senadora Rosario Ibarra de Piedra se presentó en el palacio de gobierno, en Monterrey, acompañando a los familiares de las víctimas. Esto ocurrió el pasado 17 de mayo, al cumplirse un año de los secuestros.

Cuenta Salomón Vega Zamarripa, hermano de dos de los desaparecidos, David e Hilario, este último secretario general de la sección 49 del sindicato petrolero: “Sólo porque íbamos con la senadora el gobernador González Parás nos hizo pasar. Le preguntamos qué estaba haciendo el gobierno para localizar a nuestros familiares y como respuesta mandó llamar al procurador de Justicia, Luis Carlos Treviño. Éste, a su vez, nos mandó con el jefe de la policía estatal, Héctor Santos, quien nos mandó con el director de la Oficina Antisecuestros de la entidad, Eduardo Sánchez, y él nos prometió que iba a investigar. Empezó por pedirnos los números de los expedientes, las placas de los vehículos en los que se perpetraron los levantones, los números de los celulares de nuestros familiares”.

–¿A un año de los secuestros, las autoridades no tenían siquiera esos datos?

–Pues no. Nosotros hemos investigado más que ellos –expresa Salomón Vega.

Luego de revisar los datos, el comandante Sánchez les comunicó: “Esto no parece secuestro, porque nadie pidió nunca rescate”.

–¿Entonces qué fue?

–Pues no nos dijo. Nadie nos dice nada –dice Salomón Vega.

Son 10 hermanos Vega Zamarripa. Todos trabajan en Petróleos Mexicanos (Pemex). Su bisabuelo, su abuelo y su padre fueron petroleros. Hilario Vega cumplía su tercer periodo como secretario general de la sección 49 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, y a decir de su hermano “era muy allegado, muy leal” a Carlos Romero Deschamps, el caudillo del poderoso gremio. Todos, “como es costumbre entre los petroleros, nos cargamos más al Partido Revolucionario Institucional; nunca tuvimos problemas por ser disidentes o por cosas políticas. Es más, Hilario hasta fue diputado federal suplente”.

Salomón Vega se refiere al líder petrolero como “don Carlos”. Pero lo cierto es que, con todo su poder de presión, el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) no ha hecho un solo pronunciamiento público en torno a la escandalosa desaparición de cerca de 38 de sus agremiados entre dirigentes, empleados y jubilados, en el lapso de un año. A lo más que ha llegado Romero Deschamps es a “encargarle mucho” el asunto al gobernador de Nuevo León.

En cambio, fue nombrado sin mayor dificultad un sustituto de Vega, José Izaguirre, dirigente que tiene abierto un expediente judicial por la venta de plazas. “La mera verdad, ni don Carlos ni Izaguirre han movido un dedo.”

No es el único silencio inexplicable. Cuando finalmente lograron una cita con el alcalde de Cadereyta, el panista Edelmiro Cantú, éste dijo a los familiares que “no estaba enterado” de que el número de levantados en su municipio ascendiera a 38. Los llevó con el senador federal Fernando Elizondo, también panista. Más promesas de ayuda, pero hace una semana, cuando buscaron nuevamente a Cantú, su respuesta fue: “Voy a ver en qué va el asunto”.

Salomón dice: “Nuestro miedo es que sea algo político y puedan desaparecer las pruebas”.

–¿Qué cosa política?

–Desconozco.

El único lazo que podría relacionar estas desapariciones con un acto de represión política es la cadena de atentados explosivos del Ejército Popular Revolucionario (EPR), en julio del año pasado, dos meses después de los levantones. Pero las desapariciones ocurrieron antes, no después. Además, la carga en los ductos de Pemex de Cadereyta fue la única que no llegó a activarse.

En ese contexto, el 16 de mayo del año pasado la sección 49 del STPRM realizó su asamblea de revisión contractual. Algo de rutina. Al final hubo un convivio y a la salida, ya de noche, ante la mirada de muchos agremiados, varios hombres con armas largas, uniformes negros sin insignias, granadas al cinto y chalecos antibalas, abordaron a cuatro de ellos, los esposaron, y los subieron a camionetas; nunca más aparecieron. Sus nombres: Víctor Manuel Mendoza, Jorge Alejandro Hernández Faz, David Sánchez Torres y Félix Sánchez Torres.

Esa misma noche, otros comandos llegaron en varios vehículos a casa de David Vega, hermano del dirigente. Cerraron la calle y entraron a la vivienda. La policía municipal esperó media hora después de la partida de los comandos para llegar al lugar de los hechos. Al día siguiente, 17 de mayo, Hilario Vega recibió una llamada desde el celular de David. Eran los secuestradores. Con palabras altisonantes le dijeron que se entregara para negociar o, de lo contrario, le mandarían la cabeza de su hermano. Hilario fue solo al lugar de la cita. También se lo llevaron.

Tres días después, el 20 de mayo, fueron levantados el ex alcalde de Cadereyta José Luis Lozano, un regidor y otro jubilado del sindicato petrolero. Las familias no dieron aviso inmediato a las autoridades porque pensaban que era un secuestro común, y que las llamarían para pedirles el rescate. Pero el 4 de julio leyeron en la prensa –el diario El Mañana, de Reynosa– que el Ejército había “reventado” una casa donde mantenían secuestradas a varias personas y que las había rescatado en esa ciudad. Se publicaron los nombres de los petroleros y del ex alcalde neoleonenses, supuestamente rescatados. Pero éstos nunca fueron presentados.

Días después, la prensa dio cuenta de otro tiroteo en Los Ramones, municipio cercano a Cadereyta, donde fue capturado un presunto secuestrador apodado Chucky, quien dijo que ahí tenían a los hermanos Vega Zamarripa y al ex alcalde, y que el Ejército los había trasladado a Reynosa. Pero las autoridades militares lo negaron. La familia de Lozano buscó al senador Elizondo para que intercediera ante el alto mando militar. “Que buscaran en otro lado, que ellos no los tenían ahí y no sabían nada”, les dijeron.

A partir de ahí, la familia Vegapresentó denuncias ante la procuraduría estatal, la federal y Derechos Humanos en Cadereyta, Monterrey, Reynosa, Ciudad Madero y el DF. En Nuevo León se apaga el escándalo. En 2007 hubo en ese estado más de cien levantones, la mayoría en Cadereyta.