■ Señalan deficiencias de autoridades y comisiones de derechos humanos
Falta rigor en indagatorias sobre desapariciones: ONG
■ Las denuncias se han convertido en numeralia y priva la impunidad
La Red de Organismos de Defensa de los Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y el Centro Miguel Agustín Pro Juárez consideraron que “hay muchas denuncias de desapariciones forzadas que no son investigadas de manera rigurosa, ni por las procuradurías ni por las comisiones nacional y estatales de derechos humanos”.
Edgar Cortez, secretario ejecutivo de la red Todos los Derechos para Todos, sostuvo que “decenas, muchas denuncias de desapariciones se han vuelto numeralia, pero no son casos específicos para la justicia, pues no determina qué pasó ahí; es una situación muy similar al enorme número de ejecuciones en el país. Lo que ocurre es que las desapariciones forzadas de personas no son investigadas de manera rigurosa. Hay enorme impunidad”.
Mientras, el director del Centro Pro, Luis Arriaga, sostuvo que casos como la desaparición de 38 petroleros de Nuevo León “ponen de manifiesto la ineficiencia de las instituciones para investigar estos delitos”.
Además, abundó Arriaga, ni las víctimas ni los familiares de éstas pueden acceder a la justicia, porque no se investiga; el Estado mexicano está obligado a indagar y lo preocupante es la ineficiencia.
Por su parte, el director de incidencias de la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Humberto Guerrero, dijo que las desapariciones forzadas de personas no son de los últimos años, sino hay que remontarse a las décadas de los 60 y 70, en la denominada guerra sucia, y ahora ocurre lo mismo: las estructuras no responden. Por ejemplo, expuso, el hecho que no se pueda recurrir al amparo, porque es un requisito que la persona lo ratifique, “y si no sabemos dónde está, ¿cómo va a ratificar su demanda?”
Por su lado, Edgar Cortez destacó que estos casos de personas desaparecidas, como los de Oaxaca, del Ejército Popular Revolucionario, el ex guerrillero de Michoacán y los 38 petroleros de Nuevo León, se explican porque la justicia está en crisis. “Se trata de una institución (la Procuraduría General de la República) que lleva el recuento de los ejecutados y de las denuncias de desaparecidos, pero no garantiza que se investiguen.”
El secretario ejecutivo de la red Todos los Derechos para Todos abundó en la necesidad de insistir en las denuncias, porque hay una clara deficiencia de los organismos públicos en el caso de las investigaciones que realizan las comisiones nacional y estatales de derechos humanos; en muchas ocasiones les dicen a los familiares que “por no poderse determinar la participación de funcionarios o servidores públicos en los casos de desaparición, no pueden llevar a cabo la indagatoria respectiva.”
En estos últimos casos, resaltó Cortez, “hay que recordarles que es responsabilidad del Estado mexicano realizar una investigación amplia y adecuada; tienen que mejorar las técnicas de investigación, porque incluso si un particular hubiese participado en la desaparición de una persona, las diferentes comisiones de derechos humanos pueden determinar que hubo negligencia y una ostensible falta de intervención de las autoridades”.