Sería una nueva certificación
La Comisión de Seguridad Pública del Senado respaldará la postura del gobierno federal de no aceptar el apoyo económico de Estados Unidos que sería transferido mediante la Iniciativa Mérida, porque considera “absurdo regresar a un proceso de certificación en el que esa nación pueda evaluar los derechos humanos” en México.
En tanto, diputados federales consideraron que antes de involucrar la soberanía nacional en un plan intervencionista como la Iniciativa Mérida, el gobierno federal debe replantear primero la estrategia de combate al narcotráfico, comenzando con la integración de una policía federalizada que se haga cargo de las tareas que ahora realiza el Ejército en la lucha contra el crimen organizado.
El coordinador del grupo Parlamentario de Convergencia, Alejandro Chanona, aseguró que el anunció de Juan Camilo Mouriño es “tardío; desde que los legisladores estadunidenses aprobaron esta especie de nueva certificación, se hizo inaceptable para México”.
Las dirigencias nacionales de los partidos del Trabajo y Verde Ecologista de México rechazaron el condicionamiento estadunidense al plan Mérida.
El presidente de la comisión senatorial de Seguridad, Ulises Ramírez, consideró que con su postura Estados Unidos comete “un error gravísimo, ya que no les parecería que nos-otros pidiéramos que, para aceptar los recursos, fuera recíproca la evaluación de los derechos humanos.
Javier González Garza, coordinador del grupo parlamentario del PRD, manifestó que las restricciones impuestas por el Congreso estadunidense son inaceptables porque van en contra de la soberanía nacional.