■ Queja de familiares de jóvenes asesinados en campamento de las FARC en Ecuador

“Estrategia de la derecha, proscribir la solidaridad y la conciencia crítica”

■ Emprenderán recorrido por América del Sur en campaña de denuncia internacional

Laura Poy Solano

La criminalización de la solidaridad y la conciencia crítica ha sido una “vieja estrategia de la ultraderecha, que hoy pretende imponer el miedo y la sospecha sobre todos los luchadores sociales, pero en particular contra los estudiantes universitarios, a quienes se les señala como los peores delincuentes y terroristas”, advirtieron familiares de los cuatro jóvenes asesinados en un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) ubicado en Ecuador.

Por su parte, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Narro Robles, afirmó que en el caso de Lucía Morett, una de las sobrevivientes del ataque de las fuerzas colombianas sobre territorio ecuatoriano, “lo he dicho antes, y lo reitero: los universitarios tienen toda la libertad para, dentro de los márgenes que les da la legislación nacional e internacional, tener las expresiones que a ellos les parezcan pertinentes y oportunas”.

Insistió en que “hasta el momento no he cambiado mi opinión, porque no he recibido ninguna prueba en sentido contrario que me lleve a modificar esta postura”.

En tanto, al participar en un foro contra la criminalización de la lucha social, Marcelo Franco, padre de Fernando Franco, uno de los estudiantes ultimados en el ataque al campamento de las FARC en marzo pasado, hizo un llamado a la sociedad civil para “hacer escuchar nuestra voz y romper el miedo”, y afirmó que a tres meses del asesinato de sus familiares “hemos emprendido una lucha para evitar que estos crímenes queden impunes, pero ha sido muy difícil romper con el cerco mediático y la campaña de hostigamiento que ha convertido a prácticamente cualquier estudiante universitario en un terrorista”.

Reunidos en el aula magna de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de Mexico (UNAM), familiares, profesores, estudiantes y luchadores sociales reivindicaron el derecho de los pueblos y sus ciudadanos a “manifestar una abierta solidaridad y compromiso social, como parte de la formación de una conciencia crítica que permita la construcción de un mundo mejor”.

En el encuentro, al que asistieron Ambrosio Velasco, director de la FFL, y Carlos Fazio, catedrático de la UNAM y colaborador de esta casa editorial, entre otros, la senadora perredista Rosario Ibarra entregó a cinco estudiantes de esa facultad –Mariana López de la Vega, Desireé Robledo, Miguel Angel Aguilar, Margarita Villanueva y Fermín García– los documentos que les conceden suspensiones provisionales, otorgadas por autoridades judiciales, contra la denuncia de hechos presentada ante la Procuraduría General de la República, por José Antonio Ortega Sánchez y Guillermo Velasco Arzac, presidentes del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Justicia Penal, bajo los cargos de terrorismo internacional, delincuencia organizada y apología del delito.

En abierto rechazo a las acciones de grupos que cacatalogaron como parte de la “ultraderecha más retrógrada”, los asistentes denunciaron la “escalada represiva con que ahora se busca señalar y cercar a quienes creen en la solidaridad entre los pueblos, como una forma de aislarlos, dejarlos solos, y crear un clima de temor y represión”.

Por ello, suscribieron el denominado Manifiesto contra la criminalización de la solidaridad, la conciencia social y el pensamiento crítico. A este llamado se sumaron familiares de los cuatro estudiantes mexicanos asesinados, y anunciaron que emprenderán a partir de este 17 de junio una campaña de denuncia internacional por países de América del Sur, incluida Colombia, donde acudirán a “exigir justicia para nuestros hijos”.