PGR: abierto, el caso de tortura contra Cacho
Octavio Alberto Orellana, fiscal especial de delitos contra periodistas de la Procuraduría General de la República (PGR), rechazó que el caso de la presunta tortura cometida en contra de la periodista Lydia Cacho esté cerrado. El funcionario precisó que el asunto está ya en manos de las autoridades judiciales de Quintana Roo, e indicó que el fallo de un juez de esa localidad que negó las órdenes de aprehensión contra los policías que detuvieron a Cacho en diciembre de 2005 aún puede ser modificado. Agregó que hace cuatro meses la fiscalía a su cargo consignó el caso ante un juez federal con sede en Cancún, acusando a cinco policías judiciales de Puebla de incurrir en el delito de tortura contra la comunicadora. No obstante, un problema de competencia entre órganos jurisdiccionales provocó que el litigio se alargara hasta este mes. Entrevistado por Omar Sánchez de Tagle, de W Radio, Orellana señaló que el delito de tortura se persigue en los tribunales federales, ya que para su aplicación se requiere el sustento de los tratados internacionales. Según el fiscal, la PGR ya no tiene competencia en este caso, por lo que la posibilidad de llevar a prisión a los policías que detuvieron y presuntamente torturaron a Cacho únicamente dependerá del seguimiento jurídico que le den las autoridades de Quintana Roo.