■ Necesario, modificar la Ley Federal de Telecomunicaciones, dice
Propone Ortega más controles en celulares para frenar extorsiones
■ “Empresas deben bloquear números ante reportes de robo o pérdida”, afirma
En el combate a la extorsión telefónica es necesario aplicar controles en la contratación y el manejo de los teléfonos móviles, además de modificar la Ley Federal de Telecomunicaciones para que las empresas del ramo estén obligadas a bloquear el número de serie electrónica de los equipos de telefonía (electronic serial number), en forma inmediata luego que los usuarios reporten robo o extravío, dijo el secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, Joel Ortega Cuevas.
Al participar en la Reunión Nacional de Secretarios de Seguridad Pública, que se realiza en San Luis Potosí, el titular de la policía preventiva de la ciudad de México planteó que también es esencial exigir identificación oficial, comprobante de domicilio y registro de los datos generales de los usuarios, que por otra forma de contratación adquieran una línea telefónica, por ejemplo chip, teléfono celular, entre otros.
Lo anterior se lograría con cambios al artículo 44 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, con el propósito de frenar este fenómeno criminal en el país.
En la ciudad de México, señaló ante sus homólogos de todo el país, se logró la identificación de 3 mil 346 números, por lo que la SSP-DF inició la gestión ante las empresas de telefonía para eliminarlos.
Como resultado, la empresa Telcel aceptó cancelar dichos números, para favorecer la lucha contra este ilícito. Del informe que presentó hoy en San Luis Potosí, destaca que 62 por ciento de los números identificados por extorsión, precisamente corresponden a dicha empresa.
El titular de la SSP-DF dijo que se debe tomar en cuenta el combate a esta actividad, para no quedar en rezago, pues en otros países se han adoptado medidas para la prevención, investigación y ejecución de penas contra la extorsión por medio de telefonía móvil.
Expuso que en España se tiene desde 2007 la Ley de Conservación de Datos de las Comunicaciones Electrónicas, la cual obliga a las empresas que operan telefonía fija, móvil e Internet a guardar determinados datos que puedan ser usados en una investigación; en Inglaterra la normatividad faculta a la autoridad para investigar sobre un equipo telefónico y su uso.
En Venezuela, donde también hay alta incidencia criminal relacionada con la telefonía móvil, la ley estipula que los operadores deben contar con un registro detallado de llamadas de todos los abonados, que contenga la localización geográfica y dirección de las celdas desde donde se realizan las llamadas.
En El Salvador, agregó, se promueve regular la venta de tarjetas SIM y castigar enérgicamente a las personas que activan celulares ilegalmente.
Ortega comentó que otra generación de modificaciones deben abarcar el Código Penal Federal para estipular como grave la extorsión por teléfono, mensajes o correo electrónico; este delito ya está tipificado en el Distrito Federal.
Las reformas planteadas adquieren mayor relevancia si se considera que actualmente hay más teléfonos móviles que fijos y se calcula que el año pasado se superaron los 60 millones de líneas portátiles, que son más de la mitad de la población, pero la mayor parte de los usuarios no están debidamente registrados y corresponden a la modalidad de prepago, concluyó.