■ Formalizó ante el Congreso la petición para que se lleve a cabo

Existen bases legales e interés ciudadano por la consulta: FAP

■ Propone que en su aplicación participen tanto el IFE como la UNAM

Andrea Becerril y Víctor Ballinas

El Frente Amplio Progresista (FAP) formalizó ayer ante el Congreso de la Unión la demanda de realizar una consulta nacional en torno a las iniciativas para la apertura de Petróleos Mexicanos (Pemex) a la inversión privada.

En conferencia de prensa, los coordinadores de PRD, PT y Convergencia en ambas cámaras rechazaron los señalamientos de los secretarios de Gobernación y de Energía –Juan Camilo Mouriño y Georgina Kessel, respectivamente–, y sostuvieron que hay bases legales e interés de la ciudadanía en que se lleve a cabo esa consulta sobre el futuro de la industria petrolera. Propusieron que en su aplicación participen el Instituto Federal Electoral (IFE) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Sin embargo, por separado, el coordinador del PAN en el Senado, Santiago Creel, advirtió que esa consulta está al margen de la Constitución y sólo lleva la intención de “descarrilar la reforma energética”. Igualmente, el priísta Manlio Fabio Beltrones dijo que el mecanismo no está regulado y sería irresponsable utilizarlo “como arma política convenenciera”.

Los coordinadores del PRD, Carlos Navarrete y Javier González Garza, el petista Alberto Anaya, así como Dante Delgado y Alejandro Chanona, de Convergencia, precisaron que su propuesta incluye solicitar a la Cámara de Diputados la aprobación de una partida presupuestal extraordinaria para financiar la organización de esa consulta, prevista en el artículo 26 constitucional.

Chanona leyó un documento en el que el FAP considera inexactas las afirmaciones que se han hecho desde el gobierno federal y el PAN, en el sentido de que no hay sustento legal para ese ejercicio ciudadano, ni se cuenta con los instrumentos jurídicos y materiales para su realización.

“Con base en el artículo 26 de la Constitución, se tienen facultades de establecer procedimientos de participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática”. Aunado a ello, agregó, en más de 25 entidades federativas están debidamente normadas las figuras de democracia directa, como son el plebiscito, referendo e iniciativa popular, lo cual haría más fácil la aplicación del mecanismo a nivel nacional.

Además, agregó, encuestas llevadas a cabo por diversas empresas dan como resultado que la sociedad mexicana está muy interesada en el tema de la reforma de Pemex. Según un sondeo de Gea Isa, realizado el 28 de mayo, 78 por ciento de la población cree que debe llevarse a cabo una consulta directa a la ciudadanía.

“Llamar a una consulta popular sobre el futuro de la industria petrolera nacional contribuirá a definir su rumbo, contando con el aval de la sociedad. Se daría un cauce institucional, civilizado y legal a la libre manifestación de las posiciones expresadas en un tema que compete a todos los mexicanos.”

No hacerlo “implicaría que cualquier decisión tomada por las elites políticas y los poderes económicos, nacionales y extranjeros, y avalada por las cámaras legislativas, sería cuestionada por gran parte de la ciudadanía, lo que abriría paso a la inestabilidad social”.

El coordinador de los diputados del PRD, Javier González Garza, dijo que van a hacer frente a la embestida del gobierno de Felipe Calderón en contra de la consulta e insistirán en que el Congreso avale la propuesta.

Agregó que quienes han incurrido en actitudes ilegales son Mouriño y Kessel, ya que la Constitución establece la obligación del Ejecutivo de consultar. En el Plan Nacional de Desarrollo de Calderón no se consideró la reforma energética, “así que estaría violando los principios del artículo 26 constitucional”.

EL FAP entregó ayer su propuesta a las juntas de Coordinación Política de ambas cámaras, para la realización de la consulta nacional sobre Pemex.

En una entrevista colectiva, el coordinador de los senadores del PRI, Manlio Fabio Beltrones, consideró que la interpretación que se hace del artículo 26 sobre la posibilidad de llevar a cabo consultas para cualquier efecto “es muy laxa”.

Es, insistió, “tratar de estirar mucho más allá de lo que señala la redacción del artículo 26 de la Constitución.

A su juicio, los foros de debate que se llevan a cabo en el Senado de la República “son una consulta”, que ya dejó con claridad que todos están de acuerdo en la modernización de Pemex.

“No necesitamos andar haciendo consultas para entender bien lo que quiere el pueblo de México. No hemos escuchado una sola voz que diga sí a la privatización de la industria petrolera” mexicana, recalcó el senador Beltrones Rivera.