■ Expertos aseguran que es un tema de derechos sociales
Necesario, debate sobre ingreso para toda la población, plantean
El debate sobre la aplicación del llamado ingreso ciudadano o renta universal –acceso de toda la población a un ingreso económico básico, sin generar ninguna contraprestación– involucra no sólo la defensa de los derechos sociales, sino una revisión económica, política y social a los modelos de desarrollo vigentes en gran parte del mundo, afirmaron investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Reunidos en el aula Jesús Silva Herzog de la Facultad de Economía (FE), en la presentación del libro Derecho a la existencia real para todo, coordinado por Pablo Yanes Rizo, expertos y catedráticos destacaron la necesidad de “abrir una discusión que permita vislumbrar la construcción de una sociedad donde la separación entre ricos y pobres no sea abismal”.
Martí Batres, secretario de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal, enfatizó que garantizar la renta universal implica abordar tres ejes centrales: el desarrollo de las fuerzas productivas que permitan la generación de un excedente de riqueza; la aplicación de un nuevo modelo fiscal que contribuya a la redistribución de la misma, y evite su concentración monopólica, así como el derecho a la libertad y la equidad.
En al acto, al que asistieron Rolando Cordera, profesor emérito de la UNAM, y Antonio Ibarra, catedrático de la FE, Yanes Rizo afirmó que el debate sobre la renta básica deber ser uno de los puntos centrales en la discusión sobre las políticas sociales en el país, porque “aunque no es una solución completa ni mágica, sí es un tema de derechos sociales universales que debemos analizar”.
Se habla de renta básica en una lógica, aseguró, de “complementación y no de sustitución de derechos sociales básicos”, y agregó que, como en el caso de México, la ciudadanía tiene rápida aceptación de las denominadas pensiones ciudadanas, que como ocurre desde hace siete años en el DF, “al menos 10 por ciento de su población recibe apoyo económico permanente, y pese a las primeras críticas, ha sido un éxito”.
El reto, insistió, es que los derechos sociales vayan más allá del pleno empleo, y con ello, asegurar que se conviertan en derechos de ciudadanía, “tan universales como el sufragio, pues el drama de la crisis alimentaria que vivimos abrirá la necesidad práctica y el imperativo moral de discutir el ingreso ciudadano”.