Favelas en Río, bajo yugo parapolicial
Las torturas a dos periodistas muestran la red de corrupción e impunidad de esas milicias
Río de Janeiro, 4 de junio. Las elecciones municipales de octubre “no serán legítimas” en esta suroriental ciudad brasileña, ya que 1.7 millones de sus habitantes viven en comunidades sin condiciones para votar libremente, advirtió la concejal Andrea Gouvea Vieira.
La observación se magnifica por la repercusión que tuvo la tortura a dos periodistas en uno de los barrios pobres controlados por las llamadas milicias de Río de Janeiro. El hecho ocurrió el 14 de mayo, pero el diario afectado lo divulgó hasta el domingo pasado.
Una reportera, un fotógrafo y un chofer del diario local O Dia vivieron dos semanas como ciudadanos comunes en Batán, una favela (barrio irregular de viviendas precarias) de la periferia occidental de Río de Janeiro, para elaborar un informe sobre el control que ejerce el grupo parapolicial.
Tras ser descubiertos como periodistas fueron secuestrados y vejados durante más de siete horas mediante choques eléctricos, simulación de asfixia, golpes y amenazas de linchamiento. Finalmente fueron liberados en la madrugada, luego de devolverles su dinero y equipos sustraidos.
El secretario de Seguridad del estado de Río de Janeiro, José Mariano Beltrame, reconoció la presencia de efectivos de las policías Civil y Militar entre los miembros de las bandas parapoliciales que controlan las favelas, pero dijo que es difícil probarlo.
La existencia de “territorios ocupados por ese tipo de crimen”, además de “involucrar a personal policial, judicial y legislativo”, crea una grave situación que impide elecciones libres y democráticas en Río, explicó Gouvea Vieira.
Las milicias, en general dirigidas por policías activos o jubilados, dominan 63 favelas, según datos de la alcaldía carioca. Beltrame afirma que llegaron a sumar 122 bandas, pero se redujeron a “menos de 100” desde el año pasado. Otras favelas están bajo control de bandas de narcotraficantes, pero ellos son claramente “definidos como criminales y apartados de la convivencia”. Es distinto con los milicianos, pues además de ser aceptados por la sociedad, en muchos casos son autoridades, observó la concejal.
Las milicias surgieron en los últimos años bajo el pretexto de combatir el narcotráfico, al margen de la ley. Terminaron por sustituirlo, al imponer sus reglas y exigir a la población y comerciantes el pago por sus servicios ilegales, como seguridad, transporte y suministro de electricidad, gas y conexión a cables para la televisión.
Los grupos armados controlan las comunidades como “feudos políticos” con fines electorales, dijo la funcionaria.
En Río de Janeiro “se dice que tres concejales son de las milicias” y que la meta es “triplicar” sus representantes este año, señaló Vieira, una periodista que fue elegida concejal en 2004 por el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB). El concejo local se compone de 50 miembros.
Las torturas contra los periodistas provocaron protestas generalizadas, no sólo por el terrible maltrato, sino por golpear la libertad de prensa. Las milicias afectan, además, “el derecho de ir y venir de toda la población”, según Vieira.
Los 1.7 millones de personas que se calcula viven bajo dominio de las milicias parapoliciales, es decir 28 por ciento de la población total del municipio, tienen sus movimientos acotados y los de afuera “no pueden entrar libremente a la comunidad”, arguyó.
La inseguridad ciudadana local se agrava por la violencia policial y la infiltración de la criminalidad en las instituciones estatales, lo cual favorece la impunidad. El estado de Río de Janeiro es conocido por tener la policía “que más mata”. Suman ya mil 260 las personas muertas en supuestos enfrentamientos con la delincuencia, según Amnistía Internacional.
Alvaro Lins, ex jefe de la Policía Civil estatal, fue detenido el jueves pasado por la Policía Federal, la fuerza sujeta a las órdenes del Ministerio de Justicia. Fue acusado de encabezar una mafia integrada por otros policías y de promover contrabando, corrupción y lavado de dinero.
Pero como Lins es diputado estatal, las autoridades tuvieron que dejarlo libre dos días después tras la decisión en ese sentido de la Asamblea Legislativa, que consideró “arbitraria” la detención. Casi la mitad de los 70 miembros de ese cuerpo legislativo enfrentan procesos judiciales por delitos varios, pero están protegidos por la inmunidad parlamentaria.
La agresión contra los reporteros de O Dia es sólo el último de los ataques sufridos por la prensa. Hace siete años, Tim Lopes, un símbolo del periodismo, fue asesinado por una banda del narcotráfico, también en una favela a donde fue a buscar informaciones sobre la criminalidad.
La violencia restringe desde los años 90 el trabajo periodístico en esas comunidades que aparecen en el noticiero sólo como “territorios de guerra”, ya que los riesgos impiden “informar sobre otros aspectos de las favelas”, evaluó Anabela Paiva, coautora de Midia y violencia, un libro sobre cómo el periodismo cubre la criminalidad y la seguridad en Brasil.
Los periodistas, antes encarados como “voceros que podían ayudar la comunidad”, son ahora “enemigos” y, sin acceso a las favelas, perdieron sus fuentes internas y tienen que basarse en informaciones de la policía y observadores externos, señaló.
De esa forma, la opinión pública ve a las favelas como un mundo ajeno, con la dimensión única de la criminalidad, sin los temas de la vida cotidiana.
Más de mitad de las noticias sobre violencia tienen la policía como fuente principal, una dependencia no recomendable especialmente cuando se trata de una institución que se destaca por matar tantos sospechosos, destacó Paiva, periodista que coordina investigaciones sobre el tema en el Centro de Estudios de Seguridad y Ciudadanía de la carioca Universidad Candido Mendes.
A todo esto, el relator de Ejecuciones Sumarias de la Organización de Naciones Unidas, Phillip Alston, destacó que Río de Janeiro no puede acabar con la violencia criminal por tener una policía con cúpula corrupta, con lazos con el crimen organizado, y un gobierno populista, pero aclaró que la solución no pasa por el uso del ejército.
Alston dijo que el gobierno de Sergio Cabral en Río de Janeiro “no tiene estrategia para lidiar con el crimen, por lo que prefiere efectuar acciones con mucha visibilidad pero de poca eficiencia.