Amenazan con linchar al edil de Zinacantepec
Zinacantepec, Méx. 9 de junio. Operadores de la línea de autotransportes Xinantécalt, apoyados por dirigentes priístas de este municipio conurbado con la capital mexiquense, obligaron al alcalde panista, Raúl Velásquez, a cancelar el programa de reordenamiento vial que inició el viernes pasado, el cual implicaba cerrar el primer cuadro a transportes colectivos y de carga.
Los inconformes no sólo bloquearon con autobuses el acceso al centro del municipio, sino que ingresaron por la fuerza a la alcaldía, donde presionaron al edil para que diera marcha atrás a la medida.
El presidente municipal señaló que cedió a las exigencias de los inconformes “porque temí por mi integridad y por la de trabajadores del ayuntamiento, pues amenazaron con bajarme a la plaza, donde había más de 200 personas dispuestas a lincharme”.
El dirigente estatal del PAN, Juan Carlos Núñez Armas, exigió al gobierno del estado investigar estos hechos y advirtió que si la procuraduría y el gobierno mexiquenses no actúan “se comprobará que existe contubernio entre los transportistas, el PRI y el gobierno, para generar inestabilidad en el municipio”.
El alcalde dijo que el viernes solicitó apoyo a la Agencia de Seguridad Estatal para aplicar el reordenamiento vial, pero “la ayuda no llegó”.
Aseguró que el viernes militantes priístas se reunieron con directivos de la empresa Xinantécalt en el comité municipal del tricolor, donde planearon el bloqueo y la toma del palacio municipal.
La mañana de este lunes, cuando se intentó poner en marcha el reordenamiento vial y se impidió la circulación de autobuses y camiones de carga por el primer cuadro del municipio, los operadores de Xinantécalt bloquearon la zona.
En la plaza se reunieron más de 200 personas, que exigieron al alcalde dar marcha atrás al proyecto mientras otro grupo azuzaba a la gente a oponerse a la medida.
A las 11 de la mañana, los inconformes arrojaron piedras a la alcaldía e ingresaron por la fuerza. El edil pidió que se formara una comisión para dialogar. Ocho de sus integrantes eran dirigentes o militantes del PRI, otro era representante legal de la empresa, uno militante del PT y otro del PRD.
El alcalde desconoció el documento que lo obligaron a firmar, en el cual se comprometió a dar marcha atrás al proyecto y a organizar una consulta pública.