■ La mayoría se opone a la iniciativa, afirman senadores y juristas

Rechaza el gobierno la consulta porque conoce el sentir popular

■ No quiere que se confirmen los resultados de sus propias encuestas

Mariana Norandi

Senadores y juristas afirmaron que el gobierno federal rechaza la consulta sobre la reforma energética porque sabe que la población se opone a su iniciativa.

Durante el seminario Hacia una política energética integral de Estado, organizado por la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Cámara de Senadores, el constitucionalista Diego Valadés Ríos consideró que el gobierno y el PAN “ya midieron los niveles de rechazo a la iniciativa presidencial y saben que son muy elevados. Creo que así lo están viendo en las encuestas que hacen todos los días y por eso no quieren que esos resultados se vean confirmados de manera pública y ostensible”.

En tanto, el senador Javier Castellón Fonseca, del PRD, indicó que es “evidente” que el gobierno midió la posición ciudadana respecto de la iniciativa de reforma energética y descubrió que la postura de la población en contra es “abrumadora”.

“Lo último que sacaron, antes de ir contra el debate, fue la encuesta de GEA-ISA, la cual indica que 78 por ciento de la población quiere que se realice la consulta. Después ya no sacaron nada.”

Aseguró que la consulta sería poner “jaque mate” a la reforma energética, y señaló que sería conveniente contar con la participación del Instituto Federal Electoral, como solicitó el Frente Amplio Progresista, porque con eso el organismo “se lavaría la cara”.

Diego Valadés sostuvo que las recientes declaraciones del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, de que la consulta es una figura que no existe en la Constitución, “carecen de lógica democrática y constitucional”.

Explicó que en la Carta Magna no existe norma alguna sobre consultas, pero tampoco acerca de las encuestas que aplica el Ejecutivo federal. “En ninguna norma constitucional aparece la facultad para que el gobierno federal levante encuestas todos los días y sin embargo las hace. O sea, está tomando conocimiento de lo que la opinión pública plantea frente a sus iniciativas, pero no existe un sólo precepto en la Constitución que se lo permita o se lo impida.

“Entonces sería absurdo decir que las encuestas que hace la Presidencia de la República o la Secretaría de Gobernación son inconstitucionales. Y de igual manera sería muy difícil decir que, desde el punto de vista democrático, debe evitarse la expresión de la opinión de la sociedad; creo que ahí hay una contradicción ostensible, indefendible, teórica y jurídicamente insustentable.”