■ El gobernador se dice víctima de una campaña de desprestigio
Presunto pistolero relaciona a Bours con el asesinato del reportero Alfredo Jiménez
Hermosillo, Son., 10 de junio. El gobernador de Sonora, Eduardo Bours Castelo, aseguró que él y su gabinete son objeto de una campaña de desprestigio, luego que un supuesto pistolero al servicio del narcotráfico, que se identificó como Saúl García Gaxiola, le entregó una carta en la que le explica los supuestos detalles de la tortura y asesinato del periodista Alfredo Jiménez Mota, del periódico El Imparcial, desaparecido hace tres años.
En la misiva, dijo, se le relaciona a él y a Abel Murrieta Gutiérrez, titular de la Procuraduría General de Justicia del estado, con unos narcotraficantes que habrían ordenado la desaparición y ejecución del reportero.
El texto, agregó, le fue entregado durante una gira de trabajo por el municipio de Caborca (noroeste de la entidad). Pese al equipo de seguridad que rodea al gobernante, el presunto pistolero no fue detenido y los funcionarios se limitaron a recibir la misiva.
Copias de la misma fueron enviadas a los medios de información locales. El gobernante envió la carta a la Procuraduría General de la República para que investigue y aclare el origen de la “campaña de desprestigio” en su contra.
García Gaxiola no detalla por qué se decidió a relatar los supuestos hechos ocurridos a partir del 2 de abril de 2005, pero revela los nombres de quienes habrían participado en el secuestro y asesinato del periodista investigador sobre narcotráfico en Sonora.
Una fuente policiaca que pidió el anonimato señaló que varios de los nombres señalados corresponden a personas que han muerto en años recientes, entre ellos Raúl Enríquez Parra, presunto líder de narcotraficantes, quien, según la carta, torturó y dio la orden de asesinar al periodista.
Enriquez Parra, según reportes policiacos, fue lanzado desde una avioneta en noviembre de 2005, en el municipio de Navojoa, luego de haber sido torturado.
A todo esto, la diputada perredista Petra Santos Ortiz comentó que las autoridades federales deben por fin decidirse a aclarar los atentados contra la libertad de expresión ocurridos en Sonora en años recientes, entre ellos la desaparición de Jiménez Mota y el asesinato del editor Saúl Martínez, en Agua Prieta, el año pasado.
Señaló que la detonación de granadas en las instalaciones del periódico Cambio-Sonora, en marzo y abril de 2007, que culminaron con el cierre de ese medio por falta de garantías, son otra muestra del peligro que enfrentan los medios de comunicación y sus trabajadores.