■ Se propone confirmar el amparo en su favor
Magistrados desean discutir el caso Echeverría en lo oscurito
Los tres magistrados del quinto tribunal colegiado en materia penal del Distrito Federal que resolverán en definitiva el juicio de amparo que enfrenta el ex presidente Luis Echeverría Álvarez, acusado de genocidio por la desaparecida Fiscalía Especial para Movimientos Políticos y Sociales del Pasado (Femospp), se oponen a que se transmita por el Canal Judicial la sesión en la cual discutirán si procede la protección de la justicia federal en favor del acusado.
Fuentes del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) revelaron ayer que los tres magistrados han realizado una “labor de cabildeo” con los consejeros a fin de que no se les obligue a videograbar la diligencia, y mucho menos a transmitirla por televisión, ya que supuestamente ese hecho repre- sentaría un “precedente negativo” que atentaría contra la libertad y autonomía de los órganos jurisdiccionales.
Los magistrados Manuel Bárcena, Rosa Guadalupe Malvina y María Eugenia Martínez, integrantes del citado tribunal, revisarán el juicio de amparo contra el auto de formal prisión que enfrenta Echeverría desde el año 2006.
Tanto la Procuraduría General de la República (PGR) como los abogados Juan Velázquez y Heráclio Bonilla, defensores del ex presidente, se inconformaron con la resolución del magistrado unitario Jesús Guadalupe Luna Altamirano, quien en julio de 2007 concedió un amparo a Echeverría, aunque en su sentencia el juez concluyó que la matanza del 2 de octubre de 1968 sí fue un genocidio.
Según fuentes judiciales cercanas al caso, el proyecto de resolución elaborado por la ponencia del magistrado Bárcena propone convalidar el amparo en favor de Echeverría, es decir, sugiere confirmar el argumento de Luna Altamirano respecto de que sí ocurrió un genocidio hace 38 años en Tlatelolco, pero que los recursos jurídicos ofrecidos por la PGR para desvirtuar el fallo del magistrado unitario fueron “inoperantes e insuficientes” para acreditar que el ex presidente debe ser juzgado por un juez de procesos penales federales como probable responsable de la matanza de estudiantes registrada en la Plaza de las Tres Culturas.