■ Cumple seis años la ley de transparencia

La información, capital jurídico-político: SCJN

■ Alonso Lujambio destaca el impulso que el Poder Judicial ha dado a la legalidad

Jesús Aranda

Al cumplirse seis años de vigencia de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), Alonso Lujambio, señaló que dicha legislación funciona “en buena medida” porque el Poder Judicial de la Federación ha apuntalado la obligación de la rendición de cuentas.

Por su parte, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Guillermo Ortiz Mayagoitia, sostuvo que el derecho al acceso a la información forma parte del capital jurídico y político de todos los mexicanos y que hoy se encuentra en el catálogo de derechos constitucionales protegidos por la justicia federal.

En el acto, en que el Poder Judicial Federal se sumó a la plataforma Infomex, que es una herramienta de trámite para solicitudes de acceso a la información, Ortiz Mayagoitia añadió que éste es el primero paso hacia un portal de transparencia judicial al que se podrían sumar los poderes judiciales de todos los estados del país.

Ante ministros del máximo tribunal, el presidente del IFAI y la titular del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), María del Carmen Alanís, el ministro presidente de la SCJN dijo ayer que la transparencia en la información puede verse mediante tres ópticas: como un asunto de derechos fundamentales, indispensable para nuestra democracia constitucional; como una política de Estado, en la que todo interesado pueda conocer las actividades de su gobierno, y como una “poderosa herramienta” para impulsar y robustecer la cultura de la constitucionalidad.

Comentó que a seis años de distancia de la promulgación de la Ley de Transparencia, la Suprema Corte ha emitido jurisprudencia que define al derecho a la información “como una garantía en sí misma, como un instrumento para el ejercicio de otros derechos, y como un mecanismo de control constitucional, fundado en la publicidad de los actos de gobierno y en la transparencia de la información”.

Lujambio, por su parte, destacó la labor de los tribunales en el fortalecimiento del derecho a la información.

En este contexto, puso como ejemplo la decisión del sexto tribunal colegiado en materia administrativa, que determinó que sólo compete al Poder Judicial conocer de las impugnaciones de las resoluciones dictadas por el IFAI, dejando fuera al Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa. Esto con el propósito de acelerar los procedimientos y evitar procedimientos gravosos que dilaten el acceso del ciudadano a la información.

Pero también el octavo tribunal colegiado en materia administrativa, el cual estableció que ni las dependencias ni los estados pueden promover amparo en contra de las resoluciones del IFAI, ya que este derecho sólo lo tienen los ciudadanos.

Tenemos que reconocer la aportación de la judicatura federal, “sin mezquindad, ni pequeñez intelectual o moral”, comentó Lujambio, quien destacó también la labor del TEPJF, el cual determinó que no opera el secreto bancario en investigaciones que realice el Instituto Federal Electoral sobre los partidos políticos, o como cuando ordenó a dicha institución exigir a los partidos políticos la desclasificación de los sueldos de sus líderes.