Editorial
Trasfondo de la crisis política
La remoción de Santiago Creel Miranda como coordinador de los senadores del Partido Acción Nacional dada a conocer la noche del lunes es la más reciente expresión de la crisis política que sacude al grupo gobernante. En primera instancia, la medida parece de control de daños ante la incapacidad del grupo en el poder para implantar con rapidez la reforma privatizadora de la industria petrolera que el Ejecutivo federal envió al Poder Legislativo en abril pasado. Pero más allá de causas inmediatas –la imposibilidad de imponer la privatización mencionada, las presiones de los consorcios televisivos o los realineamientos partidistas de cara a los comicios del año entrante–, en la opinión pública el relevo panista se percibe como indicador de fisuras tempranas en el grupo que gobierna y como un dato más de la carencia de rumbo y de visión de país que afecta a la administración federal.
Para colmo, el despido de Creel –quien fue competidor de Felipe Calderón en la disputa panista por la nominación presidencial– parece orientado a estrechar el control desde Los Pinos sobre los senadores de ese partido y recuerda de manera preocupante las prácticas del viejo priísmo, lo que pone en entredicho los avances en materia política y democrática supuestamente alcanzados a raíz de la alternancia de logotipos en la Presidencia de la República, en 2000.
Por lo demás, la destitución ocurre en un contexto particularmente crítico para la actual administración: el titular de la Secretaría de Gobernación (SG), Juan Camilo Mouriño –de quien se esperaba que fuera el principal operador de Los Pinos para sacar adelante la privatización de la industria petrolera–, se mantiene sumergido en el escándalo por el presunto tráfico de influencias en que incurrió a su paso por la Cámara de Diputados y la Secretaría de Energía, situación que a pocos meses de su arribo al Palacio de Cobián lo dejó sin operatividad política y lo convirtió en un costoso lastre para el gobierno federal. Adicionalmente, el titular de la SG enfrenta nuevos cuestionamientos a raíz de que las fuerzas políticas opositoras en el Congreso de la Unión pidieron la renuncia del director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Guillermo Valdés Castellanos, acusado de haber destinado recursos del organismo a espiar a miembros “claves” del Legislativo, lo que, de confirmarse, daría cuenta de que una institución que debiera velar por la seguridad de los mexicanos se emplea como instrumento político contra los opositores.
El calderonismo afronta desafíos adicionales que en buena medida son provocados por su ausencia de claridad en la tarea de conducir al país. Es el caso de la llamada “guerra contra el narcotráfico”, conflicto descontrolado y avivado por el propio gobierno mediante el despliegue de efectivos militares en las calles del país, que no ofrece solución efectiva a las causas originarias de la delincuencia y dista de ofrecer perspectivas de victoria al Estado.
Significativamente, el pasado 6 de junio, con tonos inequívocos de regaño, en una reunión en Palacio Nacional, Calderón Hinojosa exigió a los colaboradores de su administración “defender” su política de seguridad –que hace agua—; “actuar para que México deje de ser visto como un país de corrupción” –cuando persiste la percepción ciudadana de que desde el propio gobierno federal se otorga impunidad a los altos funcionarios que incurren en conductas de este tipo–, y difundir las acciones del gobierno federal “en el restaurante o en la boda o en el evento al que asistan”. A la vista de los elementos de juicio mencionados, tales exigencias apuntan a la urgencia del político michoacano por revertir, así sea en apariencia, los severos problemas de origen que padece su gobierno en materia de legitimidad, credibilidad e imagen, los cuales, sin embargo, se han agravado por la decisión de mantener en el cargo a Mouriño, por la peligrosa y contraproducente estrategia de seguridad pública, por la tentativa de privatización petrolera y por la remoción de Creel como coordinador de los senadores panistas.