■ Los requisitos para tipificarlo, en leyes mexicana e internacional
El caso de eperristas, delito de desaparición forzada: comisión
■ SG: sujeto que acosó a familiares, homónimo de ex empleado federal
La Comisión de Intermediación para el diálogo entre el Ejército Popular Revolucionario (EPR) y el gobierno federal, respresentado por la Secretaría de Gobernación (SG) sostuvo que existen elementos para tipificar como delito de desaparición forzada el caso de los dos eperristas que no aparecen desde hace un año; además, consideraron que los órganos de procuración e impartición de justicia y los de defensa de los derechos humanos “han sido ineficaces” para lograr su presentación con vida.
Señalaron que lo anterior es una “base persuasiva y sólida para suponer que se requiere una voluntad política más firme, a fin de resolver el objetivo fundamental” que es la presentación con vida de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.
La comisión, conformada por el académico Enrique González Ruiz, el periodista Miguel Ángel Granados Chapa, el abogado Juan de Dios Hernández Monge, la senadora y activista Rosario Ibarra de Piedra, el antropólogo Gilberto López y Rivas, el escritor Carlos Montemayor y el obispo emérito Samuel Ruiz García, entregaron anoche tres documentos al subsecretario de Gobernación, Abraham González Uyeda, en los que destacan el valor de los amparos que ordenan la presentación inmediata de ambos guerrilleros, “víctimas del delito de lesa humanidad de desaparición forzada”.
Uno de los textos de la comisión refiere que con base en la Convención Americana sobre Desaparición Forzada de Personas, suscrita por el gobierno mexicano el 5 de abril de 2001, existen “los requisitos legales necesarios” para tipificar el caso como delito de desaparición forzada.
Negativa del gobierno
En entrevista González Uyeda sostuvo que para el gobierno federal la tipificación de un ilícito “no se da por simples observaciones, sino que son elementos que se presentan ante el Ministerio Público los que definen la naturaleza del delito”.
En un tercer documento, la comisión solicita que la administración federal precise el por qué, pese a que los delitos de lesa humanidad son materia de jurisdicción exterior –como de la Corte Penal Internacional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos– además de que algunos están tipificados en la legislación mexicana, en este caso, “las procuradurías y los tribunales son reticentes a aplicar la normatividad nacional y la internacional”.
Consideraron además “indispensable” que el Estado mexicano garantice la debida atención a las denuncias por estos “graves delitos”, ante la reiterada negativa del Ministerio Público federal a abrir averiguaciones previas por desaparición forzada y otros delitos de lesa humanidad, particularmente en el caso de los dos eperristas.
Exigieron que se aclare la relación, cargo e identidad de Alejandro Punaro, quien se ha presentado ante los familiares de los desaparecidos y activistas como “enviado” del Presidente de la República y elemento del Ejército Mexicano o del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, ya que “con ese carácter ejerció presiones y detenciones arbitrarias que amenazaron la seguridad de las personas que consideraba vinculadas de alguna manera con el EPR”. Pidieron además a la administración calderonista aclarar la relación de las acciones de este individuo con la desaparición de Reyes Amaya y Cruz Sánchez.
La presentación de los documentos se registró durante el tercer encuentro que sostuvieron ambas partes, en las instalaciones de la organización de Servicio y Asesoría para la Paz (Serapaz), ubicado en calles de la colonia del Valle. La sesión se prolongó cerca de cinco horas. Carlos Montemayor, vocero de la comisión, señaló que el funcionario dio respuesta a algunos de los planteamientos que se hicieron. Por ejemplo aceptó que una persona llamada Alejandro Punaro tuvo relación laboral con una instancia del gobierno federal, pero ahora resta saber si es la misma que entró en contacto con los familiares de los desaparecidos.
El escritor puntualizó la disposición de los representantes gubernamentales a escuchar, reflexionar y dialogar, lo cual consideró una señal positiva. Señaló que esperan respuestas más completas a los documentos.
Por su lado, el subsecretario refirió que las investigaciones se llevarán hasta sus últimas consecuencias, y que se sancionará a los responsables, sin excepción. El problema se solucionará en el tiempo necesario “sin la mayor prisa, pero con toda premura”.