¡Rescate ya!
El pasado primero de junio la Organización Familia Pasta de Conchos (OFPC) solicitó a Industrial Minera México establecer una mesa de diálogo para acordar una agenda que permita superar la crisis que se vive entre los familiares de los mineros sacrificados el 19 de febrero de 2006 y dicha empresa, por el intento que llevó a cabo el pasado 15 de mayo de sellar la Mina 8, Unidad Pasta de Conchos, lo que obligó a aquéllos a permanecer en la bocamina, para evitar un nuevo intento de sellado.
La sociedad, las iglesias y los organismos defensores de derechos humanos quedamos perplejos ante el silencio de la empresa. Perplejidad que se convirtió nuevamente en indignación, por la irresponsable decisión de la empresa de abandonar las instalaciones de la mina, en las que se encontraban las familias acompañas por miembros de una caravana que salió a su encuentro, para no tener que recibir copia de la carta que se había entregado un día antes en las oficinas del corporativo en esta ciudad de México, solicitando el diálogo.
El 3 de junio la OFPC emplazó hasta el miércoles 4 a la empresa para que respondiera a la solicitud de diálogo, o de lo contrario ingresarían a los cañones de la mina para hacer una inspección ocular. Tampoco esa medida fue suficiente para que flexibilizara su obstinación. El plazo se cumplió, pero debido a la falta de unos medidores de gas, la organización suspendió el ingreso a la mina. Mientras se hacía un último esfuerzo para conseguir ese equipo, se les informaba que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión votaba a favor de un punto de acuerdo que posibilitaba, si las familias así lo querían, una prórroga de 30 días naturales para que los titulares de las secretarías del Trabajo y Previsión Social (STPS) y Economía (SE), así como la dirección general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), informaran sobre el cúmulo de arbitrariedades y negligencias administrativas, laborales y judiciales en torno al caso Pasta de Conchos. Las familias aceptaron la prórroga, aunque sin retirarse de la bocamina, y siempre y cuando la empresa no hiciera un nuevo intento por sellar la mina.
El punto de acuerdo solicita a los titulares de la STPS y de la SE que se informe sobre las condiciones materiales, de riesgo, seguridad e higiene de la mina; el avance de los trabajos de rescate de los cuerpos de los mineros sepultados; los estudios realizados para precisar la existencia de riesgos, y en su caso el grado de peligrosidad en la ejecución de los trabajos de rescate, así como las razones que lo han obstaculizado e impedido, y las medidas que se pueden adoptar para superarlos.
Cabe señalar que el secretario del Trabajo ha repetido fuera de contexto, hasta en tono despótico y grosero, que el Foro Consultivo Científico y Tecnológico AC (FCCyT) hizo un “dictamen” en el que concluye que “el ingreso de personas en las actuales circunstancias compromete significativamente su seguridad e higiene, así como su integridad física, y es contundentemente desaconsejable”. Sin embargo omite decir lo que el párrafo siguiente afirma: “No obstante lo anterior, de revertirse sustancialmente las condiciones descritas en este dictamen, mediante la realización de las obras y trabajos pertinentes, sería preciso llevar a cabo una nueva evaluación”. La OFPC ha hecho además público que el dictamen elaborado por el FCCyT carece de sustento, debido a que, entre otras cosas, tiene enormes y fundamentales vacíos técnicos, ya que basó sus afirmaciones en “conjeturas” y “suposiciones”, pues la empresa deliberadamente le ocultó información, o la que les entregó es insuficiente. Incluso, cuando se le solicitó el mapa topográfico de la mina, la respuesta fue que “no lo tenían, porque las viudas les habían robado las computadoras”. Lo que no sólo es una acusación grave, sino falsa en términos técnicos, porque sin esos mapas no hubieran podido hacer los barrenos para la desgasificación y el monitoreo de gases.
Por su parte, la STPS no obligó a la empresa a entregar esa información, y por ello el FCCyT remplazó su información con un ejercicio mental de imaginación, para solamente hacer supuestos. Y, más grave aún, en las conclusiones de cada uno de los apartados del dictamen afirma que no existen mayores riesgos para la seguridad de los trabajadores en la recuperación de la mina a partir de la diagonal 17, que los supuestos en los trabajos ya realizados de la plancha a la diagonal 17.
En el caso del titular de la SE, deberá explicar por qué ante el desacato de la empresa de la orden de revertir las condiciones de la mina, le ordena a cambio una “suspensión definitiva para obras de exploración y explotación hasta que revierta las condiciones”. Es decir, por qué deja en manos de la empresa el rescate de los mineros. Deberá además explicar por qué no se ha cancelado la concesión de la mina, dejando en manos de la empresa el destino de los restos de los mineros y la reserva de carbón de ese yacimiento propiedad de la nación. Deberá también exhibir que el 13 de mayo recibió la instrucción judicial de dejar como insubsistente la respuesta que le dio a la señora Elvira Martínez Espinoza, quien solicitó la cancelación a IMMSA de la concesión de la mina, y a quien en forma por demás aberrante la SE le respondió que “no tenía interés jurídico”, y restituir a la quejosa en el pleno goce de la garantía violada, para resolver lo que en derecho proceda a su petición.