■ El organismo de la OEA denuncia que todo ocurre en un contexto de impunidad
Existen en Bolivia “condiciones análogas” a la esclavitud: CIDH
■ También “trabajo forzado en el Chaco” y agravamiento de las condiciones de vida de guaraníes
■ Los indígenas viven en situación de extrema pobreza explotados por los latifundistas, afirma
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Mineros independientes bloquean con escombros un camino cercano a la ciudad boliviana de Potosí. Los trabajadores protestan por el aumento “desmesurado” de los impuestos sobre sus negocios privados establecido por el gobierno del presidente Evo Morales
Foto: Reuters
La Paz, 13 de junio. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) constató la continuidad de “la existencia en el país altiplánico de condiciones de servidumbre por deuda análoga a la esclavitud y trabajo forzoso” en el Chaco boliviano, así como “el agravamiento de la situación del pueblo guaraní” en esa región.
El organismo, dependiente de la Organización de Estados americanos (OEA), denunció que esa situación es “una manifestación extrema de la discriminación que históricamente han sufrido y continúan sufriendo los pueblos indígenas y las comunidades campesinas en Bolivia”.
Un informe sobre la materia fue presentado por la comisionada Luz Patricia Mejía, relatora para Bolivia, y Víctor Abramovich, relator sobre los derechos de los pueblos indígenas, quienes encabezaron la comisión de la CIDH que visitó el país entre el 9 y el 13 de los corrientes.
“Todo esto ocurre en un contexto de impunidad debido a la ausencia casi total del Estado nacional en la región del Chaco y el inefectivo actuar de la fiscalía. Esta impunidad fomenta la repetición de prácticas incompatibles con los derechos humanos”, asentaron los relatores.
El organismo de la OEA, que dio así la razón al gobierno del presidente Evo Morales en sus denuncias sobre la situación de servidumbre en que los terratenientes mantienen a decenas de miles de indígenas, instó al Estado boliviano a “aumentar su presencia institucional” en esa región a fin de garantizar el acceso al ejercicio de los derechos fundamentales de esas comunidades nativas.
En rueda de prensa, los relatores detallaron que durante su visita observaron que las familias guaraníes “en situación de servidumbre o trabajo forzado viven en la extrema pobreza y son sometidas a castigos como huasqueadas (latigazos), quema de sus cultivos y muerte de sus animales”.
Reconocieron que el Estado boliviano ha hecho esfuerzos para llevar a cabo el saneamiento de tierras dentro de un proceso de reforma agraria en el Chaco boliviano, que abarca partes de los departamentos (entidades) de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija.
Sin embargo, apuntaron, “la aplicación de las leyes de reforma agraria “enfrenta obstáculos por parte de diversos sectores políticos y económicos que se resisten a la implementación de la legislación en la región afectada”, lo que “ha generado incluso hechos de violencia que resultaron en personas gravemente heridas y episodios de secuestro y torturas”.
Después de condenar estos hechos contra el pueblo guaraní y el rechazo de “los particulares” a la implementación de las políticas públicas, adicionalmente en el Alto Parapetí la comisión verificó la existencia de trabajo infantil, prohibido por leyes nacionales y tratados internacionales ratificados por el Estado boliviano.
Desde finales de febrero pasado, una revuelta de los terratenientes de la provincia Cordillera del departamento de Santa Cruz impidió, al atacar con piedras, palos y armas de fuego a las autoridades gubernamentales y de reforma agraria, tomar medidas para dotar de tierra a familias guaraníes cautivas, mediante la creación de una tierra comunitaria de origen.
El 13 de abril, una delegación del pueblo indígena guaraní fue interceptada y atacada por una turba encabezada por hacendados del poblado de Cuevo, cerca de la localidad de Camiri, con saldo de más de 50 heridos.
Uno de los latifundistas que ha encabezado la resistencia armada contra la reforma agraria es el ciudadano estadunidense Ronald Larsen, quien es propietario de 50 mil hectáreas en la región.
Relaciones “irregulares”
Los ganaderos niegan la existencia de servidumbre análoga a la esclavitud de los guaraníes y alegan que sólo existen “relaciones laborales irregulares” y “extrema pobreza” en la región. Incluso, el cardenal Julio Terrazas se hizo eco de estos argumentos y pidió “pruebas” de la existencia de “esclavitud” en la región.
Con su acción armada, los terratenientes buscaban impedir la implementación de los trabajos de saneamiento a la espera del referendo autonómico del 4 de mayo pasado en Santa Cruz –carente de validez legal y constitucional para La Paz–, pues con ello buscaban sacar la cuestión de la tierra de la competencia del gobierno central.
Además, esos sectores niegan toda validez al proyecto de nueva Constitución aprobado por la Asamblea Constituyente en diciembre de 2007, que pone límites a la extensión del latifundio.
Un referendo dirimidor debería realizarse para que la ciudadanía determine si la extensión máxima del latifundio será de 5 mil o 10 mil hectáreas.
El Comité Cívico de Santa Cruz, encabezado por el latifundista Branco Marinkovic, sostiene que “ponerle límites a la tenencia de la tierra es ponerle límites al país”, y lo que se debe hacer es poner un impuesto por hectárea.
El informe de la CIDH se da en momentos en que el gobierno de Morales enfrenta una cadena de conflictos con cortes de rutas en las provincias Potosí y Santa Cruz por diversos reclamos sociales, salariales y sobre impuestos.
La Iglesia católica, que actúa como mediadora en el diálogo entre el gobierno del presidente Morales y los sectores opositores de derecha, afirmó que no descarta “un mayor clima de tensión” ante estos diferendos políticos y de cara al próximo referendo para revocar los mandatos de presidente de la república y gobernadores.