NL: exigen la reapertura de radio comunitaria
Monterrey, NL, 13 de junio. Unos 300 manifestantes de la Asociación Civil Tierra y Libertad exigieron a la delegación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) el permiso que solicitaron ante la dependencia en 2002 para la operación de su radio comunitaria, que fue clausurada violentamente el viernes pasado por unos 120 efectivos de la Policía Federal Preventiva.
Con consignas como “¡Qué feo, qué gacho se vio Calderón, al quitar al pueblo la libre expresión!” y “¡Los puños arriba, esta radio sigue viva!”, los manifestantes entraron al inmueble federal. Destacó en el contingente Jason Nieto Ríos, de 10 años de edad, quien aseguró que antes de la llegada de los policías federales armados había concluido su participación como conductor del programa Pequeños locutores, que se transmitía todos los viernes de 18:30 a 19:30 horas.
“Cuando vi a los federales no sabía por qué estaban ahí, pero estaba muy asustado, pensé que había pasado una balacera; después me dijeron que nos iban a quitar nuestra radio, ¿por qué nos quitan nuestra voz y nuestra libertad?”, cuestionó Jason.
Calderón nos quita nuestra voz, dice locutor de 10 años
Animado por los coros de “¡Todos somos Jason!”, prosiguió: “pero yo soy fuerte y hoy he venido a manifestar que los niños tenemos derechos. Felipe Calderón nos quitó nuestra radio comunitaria, que no es sólo mía, sino del pueblo, de todo Tierra y Libertad, y ahora falté a la escuela para venir a apoyar a mis compañeros”, dijo Jason.
El pequeño estudiante de cuarto año de primaria entregó a Raúl Cadena Cepeda, delegado de la SCT, un escrito donde la asociación civil expuso que “la violenta acción realizada” el 6 de junio pasado, con la intervención de la PFP, en un operativo ordenado e instigado por la Secretaría de Gobernación, constituyó “una gravísima violación del derecho de libre expresión repudiada por la gran mayoría ”.
En el texto se dijo que esta criminalización de la libertad de expresión pasa por alto los principios consagrados en las leyes superiores del país, como el artículo 6 constitucional, así como los compromisos internacionales contraídos por el gobierno mexicano al firmar la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Americana de los Derechos Humanos, entre otros acuerdos.
Además del equipo que fue decomisado, señalaron, les robaron un teléfono celular de 2 mil 500 pesos, propiedad de una maestra que colaboraba con la estación, una grabadora de 80 dólares y una memoria USB.