Editorial
Petróleo: pertinencia de la consulta ciudadana
La organización del ejercicio democrático propuesto por el jefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, para recabar el sentir ciudadano en torno a las iniciativas orientadas a privatizar la industria petrolera, presentadas al Senado de la República en abril pasado por el Ejecutivo federal, ha ido cobrando fuerza y ganando adhesiones en semanas recientes, hasta el punto de colocarse como parteaguas del quehacer político. A pesar de las embestidas discursivas oficiales que pretenden, si no criminalizar, al menos ilegalizar la consulta en vías de organización, numerosos grupos sociales y destacadas personalidades han señalado la pertinencia de someter a la consideración ciudadana una alteración tan grave del pacto social como el que pretende efectuar el grupo gobernante con el traspaso de la petroquímica, los oleoductos y las tareas de perforación y extracción de crudo a corporaciones privadas, presumiblemente extranjeras en su mayoría.
El propio Felipe Calderón –quien niega sistemáticamente que su iniciativa de reformas equivalga a una privatización encubierta– hace unos días, refiriéndose a las vastas resistencias generadas por su propuesta, se jactaba en España que su propuesta había tocado un “tema tabú”. Pero nadie se opone a la modernización de Pemex, a que se le otorgue autonomía de gestión y menos al necesario establecimiento de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, omitidos en la iniciativa calderonista, la cual, por el contrario, incrementaría, de ser aprobada, la opacidad y la discrecionalidad con la que se ha manejado la administración de la paraestatal; en cambio, la oposición es a una intentona inocultablemente privatizadora y a las maneras vergonzantes con que se pretende implantarla, vía una ley secundaria y, para colmo, en abierta contradicción con lo estipulado en el artículo 27 constitucional.
Es posible que una de las razones principales del desagrado oficial ante la consulta ciudadana en preparación sea, precisamente, que pondrá en evidencia la mutilación a la propiedad pública que pretende realizarse. Otro de los motivos de la animadversión del gobierno federal al ejercicio democrático podría ser la renuencia general del grupo en el poder a la posibilidad de que se abra una fisura para la participación cívica real en un modelo institucional que es, en las formas, una democracia representativa, pero que en los hechos constituye un mecanismo de defensa y promoción de los intereses empresariales, mediáticos y políticos del grupo gobernante, y que ha hecho posible la impunidad de no pocos de sus integrantes.
Ese razonamiento, profundamente autoritario y antidemocrático que quisiera limitar la participación de los ciudadanos en los asuntos políticos a la estricta emisión de un sufragio cada tres o seis años, parece animar los alegatos regulares de entidades patronales como el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado contra la consulta y hasta del debate convocado por el Senado de la República para analizar las implicaciones de la iniciativa privatizadora calderonista; según ese organismo, la sociedad ya votó por los legisladores y no tiene derecho a entrometerse en el asunto petrolero, dada su “complejidad técnica, financiera, administrativa, laboral, constitucional, operativa”.
Ante estas argucias del autoritarismo tecnocrático es pertinente recordar que ninguna ley prohíbe la realización de la consulta; por el contrario, la Constitución, en su artículo 26 la estipula, al igual que la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal. Por lo demás, es evidente que con el ejercicio democrático referido no se pretende suplantar funciones del Legislativo, sino recabar la posición de la sociedad ante un tema de tal magnitud como la apertura de la industria petrolera al capital privado.
Para finalizar, la consulta ciudadana en preparación es, hoy por hoy, uno de los pocos puentes posibles entre una institucionalidad cada vez más aislada y alejada del país real y grandes sectores populares que no se sienten representados por ella. El sentido nacional y la visión de Estado aconsejarían, en tal circunstancia, promover, y no obstaculizar, el ejercicio democrático que se llevará a cabo el próximo 27 de julio.