■ Implicaría también debilitar al Poder Legislativo, advierte el organismo empresarial

Realizar una consulta popular vulnerará a las instituciones, sostiene el CEESP

■ Los debates petroleros en el Senado constituyen en sí mismos ese ejercicio ciudadano, dice

Julio Reyna Quiroz

Una consulta popular sobre la reforma petrolera vulnerará las instituciones e implicaría debilitar al Poder Legislativo, afirmó este domingo el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), en un análisis en el que plantea “argumentos legales y técnicos” por los cuales no es conducente aplicarla.

Explicó que los debates que se realizan en el Senado constituyen en sí mismos la consulta popular, pues el sistema jurídico cancela actualmente toda posibilidad de realizar un plebiscito, un referendo o la consulta.

El organismo consideró que esos métodos permiten a la ciudadanía “participar de manera responsable y ordenada en el diseño e instrumentación de políticas públicas, evaluar los actos de la autoridad y la buena marcha de la justicia”.

Sin embargo, su empleo en el contexto de la reforma petrolera “no es conducente” por la limitación jurídica y la complejidad del tema.

La Constitución Política no contempla la existencia de las figuras de consulta, sostiene, y de hecho, los foros que se llevan a cabo en la sede del Senado “constituyen en sí mismos la consulta popular”, insistió el CEESP.

Además, los resultados que arrojaría una consulta en la ciudad de México no son jurídicamente vinculantes y tampoco obligarían a actuar a la Federación, abundó el análisis.

Por otro lado, dijo el CEESP, “México es una democracia representativa donde la relación es simple: pueblo, soberanía, pacto federal, poderes de la Unión, elecciones libres; todo constitutivo de una República representativa, democrática, federada”.

Lo anterior, señala el documento, significa que el soberano –es decir, el ciudadano– está representado legalmente en “un cuerpo creador del orden jurídico nacional. Al elegir a sus representantes deposita su confianza en dicho cuerpo colegiado para que sea éste el que cree la norma que le dará a la nación seguridad, desarrollo, justicia social, educación, entre otros temas”.

El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado opinó que el Poder Legislativo tiene la obligación de ejercer sus facultades constitucionales, “pero sobre todo de cumplir con el mandato del soberano por el cual fue elegido en un sistema de democracia representativa”.

Pretender realizar otra consulta popular diferente a la que se efectúa con los foros en el Senado en materia petrolera es “vulnerar las instituciones. Legislar por vía democrática vinculante implica la debilidad del Poder Legislativo”, explicó el CEESP.

Añadió que, “por naturaleza”, la iniciativa del Ejecutivo federal de reforma petrolera –o la que resulte de la discusión en el Congreso de la Unión– no puede resolverse en una respuesta de monosílabos, es decir, con un “sí” o un “no”.

De igual manera, una consulta popular, referendo o plebiscito mal aplicado “es más un riesgo para la democracia de un país que un beneficio para la misma. No se cuestiona la validez y derecho de los ciudadanos a expresar sus opiniones sobre cualquier tema que sea de relevancia para el país. Por el contrario, en el CEESP estamos convencidos de que este derecho es la base de nuestro sistema democrático”, concluyó.