■ El comisionado Juan Pablo Guerrero deberá someterse a escrutinio del órgano de control
Auditarán cómo usó el IFAI un millón de dólares cedidos por una fundación privada
■ La decisión, sin precedentes; en el caso de los hermanos Bribiesca Sahagún no hubo examen
En un hecho si precedente, el órgano interno de control (OIC) del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), dependiente de la Secretaría de la Función Pública (SFP), comenzó una auditoría sobre recursos privados (un millón de dólares) que la Fundación Hewlett entregó para el desarrollo del Centro Internacional de Estudios de Transparencia (CETA) y del proyecto IFAI-Comunidades.
Este último programa, dirigido por el comisionado Juan Pablo Guerrero de 2005 a 2007, se dedicó a capacitar en el uso de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP) a habitantes de 116 comunidades en condiciones de pobreza extrema, para obtener información sobre el destino de los recursos públicos en varios programas sociales (vivienda, educación, alimentación y otros), con el propósito de mejorar sus condiciones de vida.
En enero pasado el proyecto se canceló a iniciativa de Alonso Lujambio, presidente comisionado del IFAI, quien para ello contó con el apoyo de sus homólogos María Marván, Jacqueline Peschard y Alonso Gómez Robledo.
El primero alegó entonces que IFAI-Comunidades era “paternalista” y que no permitiría que se “triangularan” recursos del instituto a esos proyectos.
Malestar de grupos civiles
Aún más: les dijo a las asociaciones civiles encargadas de desarrollar el proyecto que se hicieran cargo de capacitar a la población, pese a ser una atribución del IFAI.
La desaparición del programa se dio a pesar de las protestas de 40 organizaciones civiles participantes y de los resultados positivos obtenidos (especialmente para indígenas, mujeres y niños), pues las comunidades identificaron desvíos en la distribución de los recursos públicos en programas diversos que se monitorearon en 16 entidades del país.
El proyecto fue evaluado por Fabiola Zermeño y Moisés Domínguez, auditores externos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quienes concluyeron que una de las bondades de IFAI-Comunidades era socializar en sectores marginados el uso de la LFTAIP.
De acuerdo con las conclusiones de los investigadores, proyectos de esa naturaleza habría que “replicarlos”, pues a la fecha sólo comunicadores, académicos y empresarios resultan beneficiados con esa ley.
No sólo el proyecto desapareció, sino que también se “desincorporó” el CETA del instituto, al cual se habían destinado 4 millones de pesos para la promoción del acceso a la información y de IFAI-Comunidades, entre otras muchas tareas. Ahora, en el oficio IFAI-OIC-030-A-80, cuya copia posee La Jornada, la SFP ordena al comisionado Guerrero, como responsable del proyecto referido, someterse al escrutinio del OIC.
Cabe destacar que por primera ocasión el gobierno federal audita recursos privados –a la fecha no se tiene registro de que la SFP haya revisado el uso de recursos en los casos de los hermanos Bribiesca Sahagún relacionados con Petróleos Mexicanos y Construcciones Prácticas, ni a ningún otra persona o grupo privado–, aunque también en esos dos años el IFAI destinó un millón 231 mil pesos al proyecto en cuestión.
Hay que precisar que ese monto representa menos de lo que se destina al sueldo bianual de los cinco comisionados del IFAI, quienes en promedio reciben, con todo y prestaciones, 200 mil pesos al mes.
En el oficio, suscrito por la titular del área de Auditoría Interna y Control y Evaluación, Ilda Patricia Cacho Tavares, se ordena la presentación de la propuesta del IFAI sobre el proyecto, de fecha 26 de abril de 2005; informes de la donación de junio de 2006 a junio de 2007, el “narrativo y el financiero del uso de los fondos de los dos ejercicios”.