■ Lamentan que el gobierno del DF pretenda apelar de la resolución legal

Autoridades deberán pagar adeudos a ex trabajadores de la Ruta 100

Patricia Muñoz Ríos

Luego de 13 años de litigios y querellas judiciales, los ex trabajadores de Ruta-100 lograron una resolución favorable del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal para que el gobierno capitalino, mediante la Secretaría de Transporte y Vialidad (Setravi), cumpla íntegramente con los adeudos pendientes para los más de 12 mil trabajadores que laboraban en la empresa al momento de la quiebra.

Víctor Manuel Cervantes, representante de mil 200 trabajadores que emprendieron el juicio civil y mercantil, así como Pedro Celis, Fidel Luna, ex trabajadores, entregaron a La Jornada copias de las sentencia y sostuvieron que, sin embargo, luego de más de una década no hay voluntad de solucionar el conflicto y que por el contrario, el gobierno del Distrito Federal y la Setravi apelarán el fallo.

Informaron que inclusive en un acuerdo del 16 de noviembre de 1999 hubo el compromiso de que se les entregarían mil 400 concesiones para taxi a los ex trabajadores de Ruta-100 y mil 680 concesiones para autobús; sin embargo, sólo se les entregaron 500 para taxi y 550 para autobús y las demás quedaron pendientes.

Según aseguraron, el movimiento de resistencia que se llevó durante más de una década fue desvirtuado por algunos de sus propios dirigentes, ya que, por ejemplo, hubo un desistimiento de la demanda que presentaron los trabajadores contra la declaración de quiebra, la cual fue presentada por Arturo Fernández Arras y esto se les ocultó.

Los ex trabajadores comentaron que con el acuerdo de las concesiones, se beneficiaron los dirigentes sindicales a los asesores jurídicas y financieras, y lejos de crearse a una estructura que incluyera a los trabajadores, se les dejó fuera y se les hizo creer en asambleas y movilizaciones, inclusive se les pidió que aportaran entre 30 y 72 por ciento de sus liquidaciones para conformar un fondo de inversión y con esto crear empresas. Además, con el 28 por ciento restante de sus liquidaciones se pagaría al gobierno capitalino por el pago de concesiones para los autobuses.

A la fecha, argumentan, no han recibido los respectivos intereses de sus inversiones ni el pago de dividendos y utilidades como supuestos socios de las empresas, ni las demás concesiones. Es decir no se ha cumplido con nada.

Cervantes aseguró que los seudo líderes tienen el control de las empresas creadas con el dinero de los ex trabajadores, y siguen creando falsas expectativas y los mantienen divididos para continuar despojándolos de todo lo que legalmente les pertenece de patrimonio sindical, como el usufructo del uso de los camiones y taxis propiedad de los trabajadores.

Puso como ejemplo que Leonel Villafuerte Zavala, quien encabezó una supuesta disidencia de este movimiento, ahora es de los socios mayoritarios que tienen en su poder las empresas de los trabajadores.

“Defrauda mediante el cobro de 65 mil pesos por supuestas concesiones”, señaló y dijo que cobra esos permisos a sus seguidores a sabiendas de que ya están pagadas.

Comentó que inclusive Jorge Cuéllar Valdés, quien es otro “supuesto líder disidente” también es uno de los socios mayoritarios, al igual de que Villafuerte de una de las empresas que se crearon con la aportación de los trabajadores, y en complicidad con Miguel Ángel Velasco presentaron demandas de las que posteriormente se desistieron.

Además, “Cuéllar sorprendió a los trabajadores al aceptar el cargo de presidente de la comisión liquidadora, encargada de hacer el reparto del patrimonio sindical, porque esto era contradictorio con el hecho de ser socio de las empresas constituidas y adicionalmente era apoderado del sindicato, igual que Leonel Villafuerte y Ricardo Barco” apuntaron los trabajadores en la entrevista en la que dieron toda una lista de seudo dirigentes que según apuntaron, sólo han visto por sus propios intereses.