Sin una política de prevención
Los funcionarios responsables del manejo del agua y la protección de la población han reiterado desde principio de año la puesta en marcha de diversas medidas para evitar, en todo lo posible, pérdidas humanas, damnificados y daños a la infraestructura pública y la economía durante la temporada de lluvias. Destacan los logros alcanzados en Tabasco, luego de las inundaciones que azotaron a esa entidad. También presentan como positivas las acciones para auxiliar a quienes perdieron sus haberes con motivo del huracán Dean, que azotó el sur de Quintana Roo el año pasado. Ha sido una forma de resaltar el buen trabajo de la actual administración y la decisión de impedir nuevas tragedias este año gracias a políticas efectivas de prevención. Sin embargo, el agua que dejaron caer las primeras tormentas de la temporada sobre esas entidades y Chiapas, evidenció la carencia de una política oficial para contrarrestar los efectos de los fenómenos naturales.
Algunos ejemplos. En Tabasco, además de la descoordinación entre las instancias oficiales, existen en Villahermosa 15 asentamientos irregulares en zonas de alto riesgo y el desbordamiento del río Teapa afectó áreas ribereñas. En otras 30 localidades de los municipios de Balancán, Centro, Jalpa, Paraíso y Teapa, más de 2 mil familias resultaron afectadas por las lluvias que trajo la depresión tropical Arturo. A su paso por el sur de Quintana Roo, Arturo develó la fragilidad de las viviendas entregadas en Chetumal y en las áreas rurales a los damnificados que el año pasado dejó el huracán Dean. Están construidas con materiales de mala calidad.
Como suele suceder en estos casos, las autoridades locales anuncian una auditoría para sancionar a los culpables. En Chiapas, a su vez, luego de varios días de lluvias, hay daños en más de 100 comunidades y casi mil evacuados. Se pidió que la Secretaría de Gobernación declare “emergencia” en varios municipios del Soconusco. Esto ocurre cuando apenas comienzan las lluvias y los huracanes.
Alguien podría pensar que el sector público desconoce los peligros que significan para el país los fenómenos meteorológicos. No es así. Cada año, a nivel federal y estatal y en las principales ciudades del país, se ofrecen diagnósticos en los que se mencionan los orígenes del problema. El principal es que no existe un programa para regular el crecimiento urbano. Mucho menos un sistema nacional de planificación. Y como los pobres del campo y la ciudad no son prioridad, ni hay una estrategia para elevar su calidad de vida, se permite y tolera que millones ocupen zonas de alto riesgo y construyan allí sus precarias viviendas. Muchas veces a unos cuantos metros de los lechos de los ríos que crecen en la temporada de lluvias.
Tan sabe el sector público de esos peligros que, en el colmo, los funcionarios anuncian desde ahora las tragedias y comprueban la incapacidad para evitarlas. Es el caso del responsable de la Comisión Nacional del Agua, quien advirtió que “nuevamente se inundarán las zonas que ayer tuvieron el agua al tope y lo mismo la zona que ayer fue arrasada”. Las promesas de establecer efectivos sistemas de prevención quedan así en el aire. No es extraño, entonces, que uno de cada cinco mexicanos habite en zonas de alto riesgo y que 60 millones puedan resultar afectados de alguna manera por los efectos de los huracanes.
El atraso en materia de prevención y protección a la población se expresa además en que todavía se carece de un Atlas de riesgos, donde se ubiquen con precisión las áreas que durante las lluvias y los huracanes están más expuestas a las inundaciones, deslaves de cerros y desbordamiento de ríos y cañadas. Y si existe, lo tienen bajo llave, como asunto de seguridad nacional, cuando esa seguridad debía comenzar por divulgarlo por todo el territorio nacional.
Se anuncian recursos multimillonarios para atender a los más necesitados, pero no se comienza por el principio: elevar su calidad de vida, garantizar que los sitios donde viven no sean trampas mortales. Se olvida, por enésima ocasión, que cuesta mucho menos prevenir que atender, y mal, los efectos negativos que dejan los fenómenos naturales.