■ Previsible, respuesta autoritaria del gobierno federal: Ricardo Ruiz y Guillermo Orozco

Promoverán 40 mil brigadistas de PRD y Convergencia consulta energética

■ La decisión no compete sólo a los legisladores, sino a toda la sociedad, señala Martí Batres

Raúl Llanos Samaniego y Bertha Teresa Ramírez

Con cerca de 40 mil brigadistas, los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y Convergencia promoverán, durante las próximas dos semanas, una intensa campaña de difusión entre los capitalinos para convocarlos a participar en la consulta ciudadana del próximo 27 de julio, en donde opinarán acerca de las reformas que en materia energética se discuten en el Senado de la República.

Los dirigentes capitalinos de esos institutos políticos, el perredista Ricardo Ruiz, y Guillermo Orozco, de Convergencia, expresaron que visitarán casa por casa, repartirán volantes y trípticos, efectuarán foros y pláticas en parques y plazas públicas, además de que desplegarán decenas de mantas en las calles de esta ciudad, todo esto con el fin de que la gente exprese su opinión.

Ricardo Ruiz consideró que en los días recientes el gobierno federal y el mismo presidente Felipe Calderón han dejado de manifiesto cuál es la prioridad que le están dando a las reformas para “privatizar la industria petrolera nacional”, pues no sólo fueron las declaraciones que hizo el Ejecutivo federal en España, sino el mismo movimiento que se dio en el Senado, con la remoción de Santiago Creel como coordinador de la fracción blanquiazul.

Incluso, coincidieron en que es previsible una respuesta autoritaria por parte de las autoridades federales conforme se acerque la fecha de la consulta, o bien que después de que los capitalinos rechacen mayoritariamente dichas iniciativas, se pretenda hacer a un lado esa opinión generalizada, lo cual sería una mala señal para el proceso democrático en el que está inmersa la ciudadanía.

Sobre este tema, el secretario de Desarrollo Social del DF, Martí Batres, resaltó que el destino que deba tener el sector energético de nuestro país “no es una decisión que competa sólo a los legisladores, compete a toda la sociedad”, por lo que hizo un llamado a organizaciones de la sociedad civil para que con base en la función que realizan, se sumen a la promoción de dicho ejercicio.

Al hacer la invitación, dijo, que hasta el momento se tienen pláticas y acuerdos con 105 organizaciones que se han comprometido a participar activamente en la realización de la consulta brindando información a los ciudadanos con los cuales tienen contacto permanente, pero el propósito sería llegar a unas 500, agregó.

Batres Guadarrama añadió que este llamado a participar es abierto, “no estamos llamando a los beneficiarios de programas sociales a participar en la consulta, más bien, junto con diversas organizaciones sociales, estamos invitando a todos participar. La idea es que la sociedad esté informada, decida y emita un punto de vista al respecto. “Finalmente, ese punto de vista debe ser tomado en cuenta por los legisladores, puede ayudarlos a tomar mejores decisiones para el país”.

Al acto en el que se lanzó esta invitación estuvieron presentes la Asociación Tech Palewi, Tenzin, Foro de Jóvenes con Liderazgo AC, Por el Gusto de Saber AC, Alternativas Comunitarias para el Desarrollo Cacamatl AC, Marcha Mundial de las Mujeres, Albergue de México, Asociación Mexicana Cruz Blanca, Casa de las Mercedes, Centro Initziare, Sur Humano AC, Fundación Clara Patricia Lemoine, Afluentes, Consejo para el Desarrollo Comunitario, Nueva Atzacoalco, Juventud Luz y Esperanza, y Fundación El Pescador de Periodistas por los Heraldos Mexicanos

En otro ámbito, el diputado local del PRD, Nazario Norberto Sánchez, se pronunció en favor de no limitar los derechos que constitucionalmente tienen los capitalinos para expresar su soberana opinión en el tema de la reforma energética, lo que sí pidió es que la población en su conjunto pueda conocer bien las distintas modificaciones legales que está proponiendo el presidente Felipe Calderón a los Senadores, para que de esa manera puedan discernir si cumplen con todos los requerimientos constitucionales o si bien dentro de ellas “se encuentra un tanto oculto o disimulado el propósito de privatizar todo o en parte, el sector petrolero del país”.