■ Advierten Raúl Vera y Samuel Ruiz sobre riesgos de instalar un basurero de residuos tóxicos

Demandan obispos parar el acoso de la PFP a Zimapán

■ Cientos de uniformados patrullan el municipio por tierra y aire e instalan retenes en las entradas

■ Quitan bloqueos de los caminos al vertedero y amenazan con retirar a los activistas del centro

Carlos Camacho (Corresponsal)

Zimapán, Hgo., 16 de junio. Los obispos Samuel Ruiz García y Raúl Vera López exigieron la salida inmediata de la Policía Federal Preventiva (PFP), que desde la semana pasada realiza sobrevuelos en helicópteros, recorre calles y comunidades y revisa personas y vehículos.

Según los afectados, el objetivo de la incursión policiaca es apoyar la apertura de un confinamiento de residuos peligrosos en la comunidad de Botiña, que, según los opositores al proyecto, sólo traerá “contaminación y muerte”.

En un recorrido por la cabecera municipal y los caminos que llevan al vertedero, a unos ocho kilómetros, se observa el ir y venor de agentes federales a bordo de camionetas y camiones. Los uniformados, con el rostro cubierto, patrullan calles y caminos e instalaron retenes en los dos principales accesos a la la ciudad.

Al menos un helicóptero sobrevuela frecuentemente el municipio, lo que ha generado inquietud entre los pobladores, quienes no han sido informados sobre los motivos de la presencia de la PFP.

Habitantes de poblados cercanos al vertedero cerraron con montículos de tierra, troncos y piedras el paso a camiones pesados, luego que el 14 de mayo se les informó que se enviarían 13 tráilerres presuntamente cargados con basura tóxica.

Desde su llegada, el 10 de junio, los policías federales quitaron las barricadas colocadas en los tres caminos de acceso a la planta de confinamiento propiedad de la firma española Befesa, que pretende iniciar actividades el primero de julio.

La tarde del sábado anterior, según integrantes del movimiento cívico Todos Somos Zimapán, llegaron más agentes federales y retiraron tierra, tubos y palos que obstruían los caminos de terracería al basurero.

Los inconformes aseguraron que los agentes amenazaron con retirar a la gente que se mantiene en el quiosco del centro de Zimapán, donde se reúnen los integrantes del grupo opositor al confinamiento y cada fin de semana celebran asambleas informativas.

Afirmaron que, además de los más de 200 agentes en Zimapán, hay otros 500 en el vecino municipio de Cadereyta, Querétaro.

Por separado, el obispo de Saltillo, Coahuila, Raúl Vera López, y el obispo emérito de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Samuel Ruiz García, enviaron un comunicado conjunto a los integrantes de Todos Somos Zimapán, para solidarizarse con su lucha y exigir la salida de la PFP.

En su misiva, en nombre del Secretariado Internacional de Solidaridad con América Latina y del Centro de Derechos Humanos de la Diócesis de Saltillo, los dos jerarcas católicos “denunciamos la tensión que viven las familias de la comunidad de Zimapán, Hidalgo, ante la incursión de cientos de elementos de la seguridad federal, estatal y municipal que, bajo distintos y vagos pretextos, intimidan a la población e invaden propiedades ”.

Respecto al vertedero que se construye en un predio de 133 hectáreas, recordaron que primero se dijo que sería una planta “recicladora” y después resultó que sería “el más grande confinamiento de desechos industriales, tóxicos y peligrosos del país, pues se pretende que reciba 4 mil toneladas diarias de desechos durante 50 años”.

Además de las irregularidades en la aprobación del proyecto, los clérigos resaltaron que la empresa pasa por alto restricciones geográficas, geofísicas, climáticas, demográficas, económicas, sociales y culturales.

“Zimapán colinda con la reserva de la biosfera de la Sierra Gorda; está cerca de la presa Zimapán y del manantial Infiernillo; además, se localiza sobre siete manantiales y está en una zona neovolcánica con actividad sísmica, una falla geológica y sobre rocas permeables”, acotaron.