Los Pidiregas ya cumplieron; es hora de cambiar, dicen expertos
El monto de los bonos soberanos mexicanos del gobierno federal “languidece” frente al alcanzado por el financiamiento privado a proyectos Pidiregas: 33 mil millones de dólares los primeros, frente a 141 mil millones.
Esto quiere decir que las inversiones privadas en el sector energético del país rebasan en 76.5 por ciento los compromisos asumidos por el gobierno a través de la emisión de bonos de deuda.
Para los analistas de Banamex, Jose Miguel Torres González y Sergio Luna Martínez, es el momento de buscar otra forma confiable para impulsar las inversiones que requieren tanto Petróleos Mexicanos (Pemex) como la Comisión Federal de electricidad (CFE).
“Los Pidiregas cumplieron su función, pero deberían explorarse alternativas nuevas y más convenientes”, manifestaron los especialistas en su análisis Los Pidiregas fueron una buena idea, pero es tiempo de cambiar.
Destacan que “probablemente tomará 37 años más amortizar todo el monto (de la deuda derivada de los Pidiregas)”, pero en particular indican que “el grueso de la deuda (75 por ciento) se tendrá que pagar en los próximos 10 años a una tasa real de 4.1 por ciento en promedio anual”.
De hecho, en la actualidad sólo para cubrir las amortizaciones de los Pidiregas se destina casi 30 por ciento de la inversión pública presupuestal.
Breve historia
Para fortalecer su recomendación de que es el momento de considerar otras alternativas para Pemex y CFE, Torres González y Luna Martínez recordaron que los Pidiregas se convirtieron en una manera “de sortear el delicado” tema de permitir el acceso al financiamiento en las dos principales empresas paraestatales del país, y “realizar las inversiones que tanto necesitan”.
Una de las consecuencias derivadas de la crisis devaluatoria de 1994, añaden los analistas, fue la disponibilidad limitada de capital para la inversión pública, y debido a la urgente necesidad de mayor infraestructura energética se desarrollaron los Pidiregas para permitir a Pemex y a la CFE acceder a los mercados de capitales en busca de fondos.
A través de ese mecanismo, contratistas privados comenzaron a financiar cada vez más la infraestructura requerida, con la garantía de que los pasivos generados se consideran “deuda soberana del gobierno federal”, aunque en algunos casos sólo se contabilizan como tales en los registros públicos hasta la entrega del proyecto.