Derechos humanos en China
El Comité Olímpico Internacional anunció en 2001 que los Juegos Olímpicos de este año se llevarían a cabo en la ciudad de Pekín, China, que, como es sabido, es el país que más rápido desarrollo ha tenido en los recientes 50 años, convirtiéndose en una potencia mundial que amenaza las hegemonías actuales. A pesar de su increíble crecimiento económico, el anuncio de que China sería el anfitrión provocó innumerables reacciones en la escena internacional, destacando entre ellas el constante señalamiento de que el gobierno de ese país viola los derechos humanos de sus habitantes en forma sistemática.
En efecto, el régimen chino ha sido blanco de críticas de los más importantes organismos de derechos humanos en el mundo, que a pesar de todos los obstáculos que enfrentan han logrado documentar violaciones muy variadas. El nombramiento de China como sede de la justa resulta entonces contradictoria, si consideramos que la Carta Olímpica redactada por el barón Pierre de Coubertin señala que el objetivo de este movimiento es contribuir a construir un mundo pacífico y mejor, educando a los jóvenes en la práctica del deporte, sin discriminaciones de ningún tipo, y que el espíritu olímpico exige la comprensión mutua, la amistad, la solidaridad y el juego limpio.
El olimpismo busca crear también un modo de vida basado en el gozo del esfuerzo, el valor del buen ejemplo y el respeto por los principios éticos fundamentales. Conocedores de las críticas de las que sería objeto, el gobierno chino aseguró en 2001 que la situación de los derechos humanos mejoraría para los Juegos Olímpicos, instaurando una serie de medidas que podrían considerarse positivas, como la inclusión en la Constitución de la frase: “el Estado respeta y protege los derechos humanos”, o el compromiso, hasta la fecha no cumplido, de ratificar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones Unidas, así como participar como miembro del Consejo de Derechos Humanos de ese organismo. A pesar de esto, grupos internacionales, como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, sostienen que las violaciones a los derechos humanos en China están aún muy lejos de tener fin.
Destacan, entre muchos otros temas, la represión contra grupos espirituales y religiosos en regiones como el Tíbet, lo cual ha sido objeto de manifestaciones populares por donde ha pasado el fuego olímpico. En estos casos ha habido restricciones a los derechos de libertad de religión, asociación y expresión de muchas personas, incluidos monjes y monjas budistas, quienes han sido detenidos y encarcelados por sus convicciones religiosas. Se ha dado además uso excesivo de la fuerza en contra de la gente que pretende huir de la región. Otros aspectos que preocupan a la comunidad internacional son los obstáculos a ejercer la libertad de expresión en prensa y medios electrónicos, a pesar de la promesa de no imponer “ninguna restricción a la labor informativa de los medios de comunicación y a la circulación de periodistas con anterioridad ni durante los Juegos Olímpicos”.
No obstante, se ha denunciado represión contra profesionales de periodismo, periódicos y sitios web. De igual forma se ha denunciado trato discriminatorio contra los comunicadores locales frente a los extranjeros, ya que los primeros han tenido que enfrentar severas medidas que coartan su libertad. Aunado a esto, se debe resaltar el sistema de filtrado de Internet llamado “Escudo Dorado” o “Gran Cortafuegos”, operado por una fuerza policial, que consiste en un sistema encargado de bloquear y monitorear los accesos a la red en China.
A este respecto, son ya famosas las condiciones que se impusieron a diversas empresas buscadoras de Internet para limitar el acceso a ciertas páginas no aceptadas por el gobierno chino, a cambio de poder operar en el país. La aplicación de la pena de muerte es otro grave motivo de preocupación para las organizaciones internacionales de derechos humanos. Por fortuna, en 2007 se estableció una revisión de las condenas a muerte por el Tribunal Supremo Popular.
Sin embargo, esto no ha sido suficiente. La pena de muerte puede todavía imponerse por más de 60 delitos, entre ellos algunos de naturaleza no violenta, como el fraude fiscal. Podríamos agregar a esta lista las violaciones al debido proceso; las detenciones arbitrarias, denunciadas en contra de defensores de los derechos humanos, abogados y activistas, así como la existencia de una forma de detención sin juicio, denominada “reducación para el trabajo”, en la que las personas arrestadas por propaganda ilegal, conducción de taxis sin licencia, vagabundeo y mendicidad, entre otras, son obligadas a trabajar sin salario, hasta por tres años, durante largas jornadas.
Estas detenciones y sanciones son incompatibles con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Como puede verse, la vigencia de los derechos humanos está lejos de ser una realidad en China. No obstante, la realización de los Juegos Olímpicos en ese país puede ser una gran oportunidad para que el mundo presione al gobierno chino, con el propósito de que revierta esta situación.