Distrito Federal y participación ciudadana
Los estudiosos de la democracia saben del largo arco que recorre el concepto y su aplicación en la vida cotidiana de las sociedades; desde la democracia incipiente de la ciudad antigua, con Atenas como ejemplo más destacado y conocido, con el ascenso posterior a la cima reconocible y aceptada universalmente, que es la constitución francesa de 1791 y luego la intención desde mediados del siglo XX, para volver a descender, de la participación relativa a través de representantes, a una participación más auténtica mediante las formas que se han estado explorando de democracia directa o semidirecta.
En México se empezó a hablar, por primera vez en 1973, en una convención del Partido Acción Nacional (cuando era decente, como dice mi amigo Herminio Gómez, de Nuevo León) de democracia participativa, participación que se proponía mediante referéndum, plebiscito, iniciativa popular y revocación del mandato. A partir de entonces, muchos ámbitos políticos, se planteó también la necesidad de que el pueblo tome parte más allá de cruzar una boleta electoral cada tres años y así han surgido propuestas y opiniones diversas para implementar un sistema de acciones y decisiones populares, más allá de la insatisfactoria democracia puramente representativa.
En varias entidades de la República existen ensayos legislativos para impulsar una o varias de las figuras jurídicas de la democracia semidirecta; al Distrito Federal, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, tocó el honor, en mayo de 2004, de ser pionero en esta materia, pues se publicó entonces la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal que regula diversas formas encaminadas a que el pueblo no sólo sea espectador de la política, si no participe activo; desde entonces está vigente la posibilidad de iniciativa popular, colaboración ciudadana directa, contraloría ciudadana y otras estructuras para la participación.
Entre las más destacadas está el referéndum, instrumento para que la ciudadanía exprese su opinión en la aprobación o rechazo de alguna disposición legal de la Asamblea Legislativa; el plebiscito, para consultar a los ciudadanos respecto de actos del Gobierno del Distrito Federal, y finalmente, la consulta ciudadana, mediante la cual las autoridades pueden, por medio de preguntas directas, someter a consideración de los ciudadanos de la capital temas que tengan “impacto trascendental” en ámbitos territoriales o temáticos de la entidad.
La primacía política en la elaboración de la legislación de avanzada, por parte de la capital de país, se confirma ahora con la aplicación práctica en un asunto que sin duda llena el requisito de tener un impacto trascendental para los habitantes del Distrito Federal; el tema es el de la reforma petrolera propuesta desde Los Pinos, frenada por exigencia popular y sometida posteriormente a un debate en el que ha quedado claramente acreditada su inconstitucionalidad. Es muy positivo, además de los expertos en derecho y en materias técnicas, escuchar a los ciudadanos mediante la consulta popular y es por tanto muy meritorio que el gobierno de la ciudad tome las medidas necesarias para llevarla a cabo.
Quienes estamos convencidos de que no puede ejercerse debidamente una autoridad verdadera sin el respaldo popular estamos seguros también de que la consulta en el Distrito Federal, fundada en su propia Ley de Participación Ciudadana, es un paso adelante en la democratización verdadera del país. Sólo hay que cuidar que quienes voten en la consulta estén bien informados, lo que ya está sucediendo por diversos caminos y a contrapelo de la perversa propaganda dirigida a los ojos y oídos más no a la inteligencia de los televidentes, en favor de la aprobación de la llamada reforma energética.
La información necesaria para votar en conciencia y con elementos de juicio suficientes se está proporcionando por los mismos ciudadanos, por las brigadas en defensa de la nacionalización del petróleo, que reparten volantes, cuadernillos de información, copias de artículos, que comparten los videos de los debates en el Senado, que acuden o llaman a las estaciones de radio o por la amplia avenida moderna del Internet; de cualquier modo lo mejor es que todos estemos preparados para la consulta que viene y que aprovechemos nuestras relaciones personales, reuniones familiares o de amigos, para no dejarnos envolver por la publicidad en favor de la devolución de parte de Pemex a los empresarios extranjeros.