Editorial
Economía: gobierno sin rumbo
Por medio de un comunicado, el Banco de México (BdeM) anunció ayer que incrementará a 7.75 por ciento su tasa de interés de referencia –la interbancaria a un día–. En el documento, el banco central aduce como una de las causas para tal decisión el hecho de que “la economía mundial continúa desacelerándose y la actividad económica en Estados Unidos se mantiene débil” y, por tanto, “permanecen los riesgos a la baja de la actividad económica”. Asimismo, el organismo argumenta que “prácticamente todos los bancos centrales han revisado al alza sus previsiones sobre la inflación”.
La medida, calificada como “sorpresiva” por diversos analistas financieros, es en primer lugar un indicador contundente de que nuestro país permanece vulnerable ante la desaceleración de la economía mundial. Ciertamente, no es la primera vez que el BdeM da signos de preocupación en ese sentido: anteriormente ya había advertido que la crisis financiera en la nación vecina puede ser una “fuente de contagio” para la economía. En cambio, el gobierno federal ha mantenido una postura de desatención ante estos riesgos, y ha pretendido minimizar con el discurso lo que ya se ha vuelto palpable en los hechos.
Por otra parte, la medida anunciada por el BdeM pone de manifiesto que la política practicada por el organismo, orientada a atender variables macroeconómicas, es profundamente insensible a la difícil situación que enfrenta la población mexicana –configurada, entre otros elementos, por una creciente carestía, una contención salarial injusta y una falta de empleo exasperante–; es de esperar que el incremento a la tasa de interés de referencia, aunque en principio parezca nimio –un cuarto de punto porcentual con respecto a la anterior, que era de 7.5 por ciento–, genere cargas adicionales para los usuarios de los servicios financieros, principalmente para los deudores de tarjetas de crédito.
Significativamente, la situación del pago del crédito al consumo en el país es por demás preocupante. En su Reporte sobre el sistema financiero 2007, el propio BdeM da cuenta de un sostenido repunte en el endeudamiento de las familias mexicanas, dado el incremento de lo que éstas deben erogar para pagar el capital y los intereses de sus tarjetas de crédito. Como botón de muestra debe mencionarse que en el último año las familias destinaron 5 por ciento de su ingreso para cubrir el servicio de la deuda, relación superior en dos puntos porcentuales a lo que aportaron en 2006.
Tal circunstancia puede atribuirse a que las instituciones bancarias, en su mayoría extranjeras, utilizan como estrategia para ampliar su base de clientes el incremento en las líneas de préstamo y la reducción en los pagos mínimos mensuales, pero con tasas de interés elevadas que dificultan la liquidación total de la deuda, generan en el consumidor una falsa sensación de solvencia financiera, y lo condicionan a permanecer endeudado por más tiempo. Ante esta circunstancia, sin embargo, el propio BdeM ha asegurado que una reducción a las tasas de interés sólo puede darse por medio de la competencia, con lo que demuestra su renuencia a emprender tareas efectivas de regulación ante estas y otras prácticas nocivas de las instituciones bancarias, y deja a los consumidores a merced de esos consorcios extranjeros.
Por lo demás, es de destacar que el anuncio del banco central se dé a tan sólo unos días que el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, “sugiriera” bajar las tasas de interés, exhorto que le valió las críticas de sectores tradicionalmente aliados con el grupo que detenta el poder, como el empresarial. Aunado a ello, el anuncio de ayer del BdeM exhibe a un gobierno débil ante el conjunto de sus interlocutores, y por tanto incapaz de lograr arreglos en asuntos de importancia nacional y en términos que resulten benéficos y convenientes para la nación.
En suma, sin pasar por alto que el BdeM es una institución autónoma y que no está obligada a plegarse a los designios presidenciales, el contraste entre su postura y la de la administración calderonista pone en evidencia, no sólo una profunda indolencia del gobierno federal para reconocer y atender el peligro que el entorno internacional plantea para la economía mexicana mediante la aplicación de políticas que reduzcan esos riesgos, sino también una falta de articulación entre las autoridades económicas para trabajar en torno a temas de importancia nacional indiscutible.