En respuesta, el ombudsman da cuenta de las investigaciones que ha hecho sobre el caso
■ Se han presentado 280 solicitudes de información oficial
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió un comunicado de prensa ayer por la noche en el cual destaca que en el caso de la presunta desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, militantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), se inició una investigación el 3 de junio de 2007, fecha en que se presentó la queja, misma que se ha extendido a la búsqueda de información y datos de cualquier naturaleza que pudieran estar presentes en registros o archivos de dependencias federales y estatales para conocer su paradero.
Con ese comunicado, la CNDH respondió al EPR, que ayer por la tarde la tachó de “cómplice del gobierno federal y de no proteger ni investigar la violación de los derechos humanos” en relación con la desaparición de Reyes Amaya y Cruz Sánchez.
La CNDH destacó que de comprobarse la desaparición de estas dos personas, se estaría ante una conducta criminal de “lesa humanidad” y, por tanto, ante un delito de carácter imprescriptible cuya impunidad es contraria a los principios y al funcionamiento del estado democrático de derecho.
Y asegura que “se dará a conocer la totalidad y los resultados de sus esfuerzos para la localización de estas dos personas; entre tanto, continúa integrando las respuestas de las autoridades a las que se ha dirigido con el fin de determinar el curso de esta investigación”.
La CNDH da cuenta que a la fecha ha realizado 280 solicitudes escritas que ha dirigido a titulares de dependencias y entidades federales y estatales, entre las que se encuentran la Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el Instituto Nacional de Migración (INM) y el órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social de la Secretaría de Seguridad Pública.
También señaló que se ha solicitado información a los titulares de las procuradurías generales de Justicia de los estados y a las dependencias que coordinan, administran o supervisan los servicios médicos forenses, los reclusorios y los centros de internamiento, prevención y readaptación social de las 31 entidades del país y del Distrito Federal.
Dijo además que el 14 de marzo de este año se solicitó información específica a la Subsecretaría de Derechos Humanos del gobierno del estado de Oaxaca, a la Subprocuraduría General de Control de Procesos y al director de Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia de ese estado.