Editorial
Nuevos partidos, viejos métodos
En una maratónica jornada de aproximadamente 20 horas, que concluyó la madrugada de ayer, Patricia Mercado y sus simpatizantes se hicieron con la mayoría de los delegados –15 de 27– durante la reposición de la asamblea ordinaria del Partido Alternativa Socialdemócrata (PAS) en el Distrito Federal. Así, la ex candidata presidencial recuperó su calidad de consejera nacional de ese instituto político y podrá competir por la dirigencia nacional de la organización el próximo 12 de julio.
Para poner el hecho en contexto, debe recordarse que la reunión iniciada el domingo hubo de celebrarse tras un fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPFJ), que el pasado 11 de junio anuló las asambleas capitalina y nacional –realizadas el 16 y 30 de marzo, respectivamente–, que habían concluido con la relección de Alberto Begné al frente de ese instituto político.
La decisión de los magistrados obedeció primordialmente a que durante las reuniones referidas se produjeron violentas agresiones en contra de militantes del ala mercadista, como dan cuenta los videos difundidos a través de Internet y en poder del órgano de justicia electoral. Significativamente, y aunque los comicios repetidos ayer se llevaron a cabo bajo condiciones de seguridad para la militancia, no dejaron de proliferar las denuncias por la presunta compra y coacción de votos.
Lo ocurrido en el PAS da cuenta de la repetición, en el seno de un instituto político “nuevo” –obtuvo el registro hace poco más de dos años–, de prácticas políticas antiguas, antidemocráticas y deleznables, como el empleo de golpeadores en asambleas o la compra de sufragios. Los jaloneos en el interior de ese partido dan cuenta de liderazgos dispuestos a todo con tal de mantener el control sobre ese organismo, sin importar que sus acciones constituyan un muestrario de lo opuesto a la “izquierda moderna” que se postula en los documentos fundamentales del PAS y, en general, a la democracia y la participación ciudadana, el compromiso con la civilidad, la transparencia, la legalidad y el respeto a las instituciones.
Ciertamente, las prácticas señaladas ocurren en el resto de los llamados partidos emergentes y, en escala ampliada, en los tres institutos políticos mayoritarios y tradicionales. Pero en el caso de los primeros resulta claro el sentido empresarial que afecta a los logotipos políticos que han proliferado en años recientes. En términos formales, la existencia de tales institutos políticos obedece a un espíritu de pluralidad y a la necesidad de dar voz a las minorías que no se sientan representadas por los partidos grandes; en los hechos, los organismos políticos menores suelen convertirse en cotos de intereses monetarios y de poder de grupos y familias cuyas posturas políticas e ideológicas varían en función de la conveniencia y de las alianzas de coyuntura. El caso emblemático es el Partido Verde Ecologista del México, obligado en 2005 a reformar sus estatutos al ser considerados por el TEPJF como “anticonstitucionales y antidemocráticos”. Otro ejemplo lamentable de los malos manejos al amparo de siglas con registro partidista fue el del extinto Partido de la Sociedad Nacionalista (PSN), cuyo líder, Gustavo Riojas, canalizó prácticamente todos los recursos públicos a las empresas de su propiedad.
En suma, la multiplicación de esta clase de partidos, lejos de reflejar respeto a la pluralidad y a los valores democráticos, es riesgosa y nociva para la vigencia de la maltrecha institucionalidad política del país y constituye una oportunidad de negocios privados a costa del erario. Ante estos elementos de juicio, sería recomendable revisar la pertinencia de establecer criterios más rigurosos para el registro de organizaciones políticas de nueva formación, así como instrumentos para fiscalizar el uso de las prerrogativas oficiales por parte de los partidos. Pero, por desgracia, no existe una institución nacional con la credibilidad ni la autoridad moral requeridas para encargarse de esas tareas.