■ Respaldo político y legal de la Cámara de Diputados, que pidió una auditoría

Restringen programas sociales en Oaxaca a Eufrosina Cruz y sus simpatizantes

■ La indígena, a quien no se le reconoció un triunfo electoral, fue amenazada de muerte

Víctor Ballinas

La mesa directiva de la Cámara de Diputados refrendó su apoyo político y legal a Eufrosina Cruz Mendoza, de 27 años, quien se ha convertido en el referente de la lucha de las mujeres indígenas de Oaxaca, tras ser expulsada de su comunidad, Santa María Quiegolani, y amenazada de muerte por “alzar la voz” para exigir respeto a sus derechos políticos, que le fueron anulados por los llamados usos y costumbres.

El vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, el panista Cristian Castaño, en conferencia de prensa dijo que Eufrosina Cruz “nos ha hecho saber que la gente que simpatiza con ella y con su movimiento ha sido amenazada de que le quitarán los beneficios de los programas sociales como el de Oportunidades o el de Adultos Mayores”.

De igual forma, el diputado denunció que la mujer indígena ha sido amenazada de muerte y, por ello, los legisladores solicitaron a los gobiernos federal, estatal y local que den garantías a Cruz Mendoza y a sus seguidores, y también pidieron a la Secretaría de Desarrollo Social, a la Procuraduría Agraria y a la Secretaría de la Reforma Agraria que los programas lleguen a toda la comunidad y no se entreguen con carácter o perfil sectario o excluyente, “como está ocurriendo y como ha ocurrido”.

El legislador también comentó que “se amenaza a los simpatizantes del movimiento que encabeza Cruz Mendoza, y por ello hemos solicitado una auditoría a los programas sociales”. De igual forma Castaño insistió en que la Constitución reconoce el derecho de todos, hombres y mujeres, para votar y ser votados, y los usos y costumbres no pueden estar por encima de la Carta Magna, no pueden contravenir un derecho fundamental, y “en este caso se rebasa el derecho de las mujeres a participar electoralmente, toca el derecho de expresión y el derecho a la información”.

Usos y costumbres

Cabe recordar que Cruz Mendoza se postuló como presidenta municipal de su comunidad y ganó, pero los llamados usos y costumbres en esa comunidad no permiten a las mujeres votar y ser votadas; por ello su triunfo fue desconocido.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos sostuvo que en su caso fueron transgredidos los derechos humanos a la igualdad y la participación política, por una discriminación derivada de la aplicación indebida de los sistemas normativos internos en el municipio de Santa María Quiegolani.

La indígena, presente en la conferencia, cuestionó que una autoridad municipal tenga la facultad de expulsar a un mexicano en su país. Porque, insistió, “mi pueblo está en territorio mexicano, y por alzar la voz me expulsan de mi comunidad. No es justo, ahí viven mis papás, mis hermanos, y es que en las comunidades indígenas la palabra libertad cuesta mucho y duele demasiado porque todavía no la conocemos”.

Cruz Mendoza refirió que producto de su lucha se modificó un artículo de la Constitución de Oaxaca, en la cual ya se dice que la mujer debe tener la plena y total participación en todos sus derechos, sobre todo en el de votar y ser votada.

Pero eso no basta, subrayó: el siguiente paso es que esto quede en la Constitución del país, “porque si no, a otras les va a ocurrir lo que me pasó a mí, porque la Constitución dice que yo tengo derechos, pero resulta que existe un derecho consuetudinario, o sea ley no escrita, que las reglas las ponen los que están en el poder y se amparan en ello”.

Abundó que el camino ahora es aterrizar en las leyes secundarias; es decir, en el Código Electoral del estado, en el Código Penal, en la Ley de Servidores Públicos, “para que ninguna mujer sea privada de sus derechos por los usos y costumbres”.