■ El sindicato, “gran ausente” en la propuesta calderonista

Se han generado en Pemex relaciones laborales “perversas”: especialistas

Patricia Muñoz Ríos

El contralor general de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Raúl Robles Segura, señaló ayer que la iniciativa en materia energética del presidente Felipe Calderón “se quedó corta”, ya que Pemex sí necesita reformarse pero el proyecto planteado por el Ejecutivo “no es la restructuración pertinente”, y llamó la atención respecto de que la reforma “no toca” al sindicato, ni la situación laboral de la empresa, temas que son los “grandes ausentes” del documento.

En el cuarto día del Debate sobre Reforma Energética, organizado por la UNAM, catedráticos, analistas e investigadores se refirieron a la corrupción, antidemocracia, clientelismo y otras prácticas del Sindicato de Trabajadores Petroleros, las cuales pasó por alto el presidente Calderón en su propuesta, e hicieron ver que también es necesario legislar en materia de los salarios que perciben los funcionarios de la paraestatal.

En la mesa sobre Organización, exploración, administración y relaciones laborales de Pemex, que tuvo lugar en el auditorio Alfonso García Robles del Centro Cultural Universitario, en Tlatelolco, el contralor de la UNAM, Raúl Robles, planteó que un punto procupante de la iniciativa es que se propone que dos de los miembros del consejo de administración de Pemex serían nombrados por el sindicato.

En este sentido, Alfredo Sánchez Castañeda, del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ), hizo ver que uno de los principales obstáculos para la reforma de Pemex son precisamente las relaciones laborales “perversas” que se han generado en la paraestatal a costa del Estado, de las finanzas públicas, la transparencia y la democracia sindical.

Sostuvo que un punto fundamental para restructurar Petróleos Mexicanos tiene que ver con erradicar las prácticas de corrupción, mesurar la subcontratación y frenar las violaciones a los derechos laborales que son el pan diario.

En el mismo sentido, Rafael Rodríguez Nieto, catedrático de la Facultad de Ingeniería, habló de una grave falta de democratización de las relaciones laborales en la empresa.

En tanto, Irán Lagos Chávez, de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, expuso que la iniciativa de reforma de Pemex “es inmediatista, pragmática, parcializada, vaga y privilegia al capital privado y extranjero”, y también habló sobre el sindicato petrolero al señalar que ya el legendario caricaturista Abel Quezada dibujaba como los principales problemas de Pemex a sus dirigentes sindicales y los aviadores, por lo que este personaje, “o tenía bola de cristal y adivinó el futuro, o desde entonces es el mismo problema y nadie ha hecho nada por resolverlo”.

En Tlatelolco también tuvo lugar la mesa de Análisis sobre la constitucionalidad de las reformas petroleras, en la cual el director del seminario de teoría general del Estado de la Facultad de Derecho, Jesús Anlén López, dijo que se quiere imponer un “modelo empresarial para Pemex” y que la propuesta de Calderón es más un proyecto de nueva ley que una iniciativa de reformas, ya que las actividades del sector sólo deben estar reguladas por el Estado, y al plantear el otorgamiento de concesiones y contratos a particulares “tiende a privatizar y extranjerizar en forma gradual, no al petróleo y su industria, sino la actividad petrolera”.

Edmundo Elías Mussi, profesor de la Facultad de Derecho, advirtió por su parte que la reforma a las leyes secundarias en materia petrolera “implicaría modificar algunos párrafos de los artículos 27 y 28 de la Constitución”, por lo que esta iniciativa “no es viable por las actuales condiciones políticas, sociales y económicas del país”.

Miguel Carbonell Sánchez, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, comentó que la reforma al sector energético “no es un asunto fácil... ya que el texto del artículo 27 constitucional no es claro en sus alcances”, y propuso no emitir un juicio de valor global sobre la constitucionalidad o no de las iniciativas y que sería mejor estudiarlas por separado para ver qué cuestiones son compatibles con la Carta Magna.