■ Demanda a diputados recurrir a la SCJN e interponer un recurso de inconstitucionalidad

Exhorta Rosario Ibarra a protestar contra la reforma de justicia penal

■ Sostuvo que nos encontramos entre una legalidad autoritaria y una legitimidad democrática

Matilde Pérez U.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Rosario Ibarra de Piedra, hizo un llamado a los diputados para que interpongan una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de la reforma de justicia penal –conocida popularmente como ley Gestapo– por violentar las garantías básicas.

Ibarra de Piedra comentó, en conferencia de prensa, que dicha acción jurídica deben interponerla al menos 167 diputados, quienes tienen hasta el 18 de julio para llevar a cabo dicho procedimiento. La citada acción, explicó, “tendrá la particularidad de denunciar una reforma constitucional aprobada por mayorías legislativas autoritarias contra el espíritu y núcleo central del contenido de la Constitución en derechos humanos”.

Recordó que dicha ley se aprobó en diciembre de 2007 y el 28 de mayo de este año el Senado hizo la declaratoria de que la mayoría de los congresos locales habían aprobado la reforma en justicia penal y por ello la semana anterior se publicó en el Diario Oficial.

La aprobación y promulgación de esta reforma “vulnera y limita derechos para favorecer un régimen autoritario y policiaco. Es un paso que acompaña el proceso de militarización de la vida social, del incremento de presos políticos, del regreso a la práctica inhumana de la desaparición forzada de las personas y de graves formas de tortura, así como de injustas condiciones carcelarias”, dijo la también presidenta del Comité Eureka.

Agregó que varios defensores y organismos nacionales e internacionales de derechos humanos y el Frente Nacional Contra la Represión lucharon contra la aprobación de la ley Gestapo, pero, a pesar de las protestas y de las movilizaciones de los ciudadanos y algunos legisladores, se aprobó “esa nefasta reforma que pretende elevar a escala constitucional cambios que contradicen derechos y el espíritu de la Constitución en cuanto a derechos humanos, civiles y políticos”.

Con esa ley, mencionó, se eleva a escala constitucional el arraigo, lo que contradice la declarada reivindicación del principio de presunción de inocencia; una definición de delin- cuencia organizada que por su amplitud y laxitud se constituye en la base de criminalización de la protesta y lucha social; la orden de detención por el Ministerio Público sin contar con el mandato del juez, y se crea un régimen especial de excepción, tanto penitenciario como procesal.

Hugo Rosas de León, asesor de la senadora, hizo un llamado a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que superen atavismos y utilicen criterios más avanzados en la evaluación de los casos que atienden, y solicitó que emitan un acuerdo para que convoquen a audiencias públicas para que diversos sectores de la sociedad emitan sus comentarios respecto a esta ley.

Ibarra de Piedra aseguró que los defensores de derechos humanos continuarán oponiéndose y peleando contra dicha reforma y “el régimen que la impuso, ya que nuevamente nos encontramos entre una legalidad autoritaria y una legitimidad democrática”.