■ Demandarán a Javier Lozano, adelantan abogados e integrantes del Sindicato Minero
Condicionan la renovación de contratos al reconocimiento de Gómez Urrutia
■ Desconocen como interlocutor al secretario del Trabajo; se comporta como juez y MP, señalan
Ampliar la imagen Mario Antonio del Toro, Eduardo Amerena, Carlos Pavón y Efraín Cárdenas, del sindicato minero, ayer en conferencia de prensa para responder a las acusaciones del secretario del Trabajo Foto: Jesús Villaseca
Las empresas mineras que quieran negociar contratos colectivos o revisiones salariales “tendrán que hacerlo con Napoleón Gómez Urrutia”, quien es el legítimo secretario general del sindicato minero, advirtieron ayer, en conferencia de prensa, abogados e integrantes de esta organización, que anunciaron que el próximo lunes definirán los paros y movilizaciones que llevarán a cabo en repudio a la decisión de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) de negarle la “toma de nota” a su dirigente.
Anunciaron que en las próximas semanas presentarán una demanda penal contra el secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, porque, señalaron, asume papel de juez y agente del Ministerio Público, y reiteraron que no van a realizar una nueva convención nacional ni otras elecciones nuevas, ya que Gómez Urrutia es su dirigente legalmente electo.
Carlos de Buen y Eduardo Amerena, abogados del sindicato, hicieron ver que ante la posición de Lozano Alarcón, esta organización lo desconoce como “interlocutor válido” y pide al presidente Felipe Calderón que nombre a un funcionario que sirva de enlace para resolver el conflicto, “uno que no esté del lado de la empresa”, según sostuvieron.
“Es evidente la persecución de que está siendo objeto Napoleón Gómez Urrutia por parte del secretario de Trabajo, Javier Lozano Alarcón, lo que claramente se desprende de su resolución en la que reconoció la validez de todos los acuerdos de la Convención General Ordinaria del Sindicato, con la única excepción de la relección del compañero Gómez Urrutia y su suplente, Mario García Ortiz, lo que implica una clara agresión a la autonomía sindical, y en consecuencia, al artículo 123 constitucional, al Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo y a la Ley Federal del Trabajo”, sostuvieron.
Argumentaron que ninguna autoridad administrativa está facultada para interpretar los estatutos sindicales; que el secretario del Trabajo “indebidamente considera prófugo a Napoleón Gómez Urrutia y afirma que sus derechos están suspendidos, incluyendo el de ser electo secretario general del sindicato”. Además, su calidad migratoria en Canadá está debidamente sustentada.
De lo dicho por Lozano respecto de que Gómez Urrutia está acusado de malos manejos de los fondos sindicales, apuntaron que hasta el momento ninguna resolución jurídica ha determinado esto, por lo que esta afirmación del funcionario es una “ligereza” que no se puede tolerar.
A su vez, Carlos Pavón planteó que la resolución del secretario de Trabajo es absolutamente infundada y el hecho de haberla dado a conocer mediante un boletín y en una conferencia de prensa, lo que en todo caso se esperaría de un vocero de Germán Larrea y Grupo México, demuestra su adversión hacia este sindicato.
Aseguró que Gómez Urrutia es trabajador de una empresa del sector minero, e incluso ésta paga su salario, el cual le es depositado en una cuenta; por lo que tampoco es verdad la afirmación del secretario, y añadió que de todas formas el sindicato minero mantendrá a su dirigente y no llevará a cabo nuevas elecciones.
Respecto de que su dirigente es un líder virtual, dijo que el secretario general “está exiliado por la ilegal persecución gestada por Grupo México y sus aliados de la Secretaría del Trabajo, pero participó a través de una videoconferencia en la Convención en la que fue relecto por unanimidad, que por cierto se trata de la misma vía que usó el secretario de Gobernación, el pasado 5 de mayo, cuando tomó protesta a los conscriptos, sólo que ahí no se dijo que esto era ilegal”, pero además, en ninguna parte de los estatutos se señala que violente la norma.
Pavón reiteró que oportunamente presentarán una demanda de amparo ante las autoridades “verdaderamente competentes para obtener el reconocimiento que ilegalmente se nos ha negado.