■ La vigencia inhibe la promoción de derechos humanos: Concha

Piden en México anular Ley de Impunidad en Uruguay

Gabriel León Zaragoza

Luego de los actos de lesa humanidad que dejaron las dictaduras militares y la imposición de gobiernos de Estados Unidos en América Latina, en la región no es posible reconstruir una sociedad y un Estado sobre la base de las injusticias y el encubrimiento de la verdad, por lo que es necesario reparar el daño y transformar las instituciones en entes verdaderamente democráticos, consideraron la senadora Rosario Ibarra y grupos defensores de derechos humanos, al solidarizarse con la realización del plebiscito para anular la Ley de Caducidad de Uruguay, que promueve en México la comunidad de la nación sudamericana.

La campaña inició en Uruguay en septiembre de 2007, a iniciativa de la Coordinadora Nacional por la Nulidad de la Ley de Caducidad, y tiene como meta obtener 300 mil firmas para que se pueda someter a plebiscito la nulidad de la también llamada Ley de Impunidad, la cual impide “que sean juzgados, como corresponde”, los militares y policías que cometieron actos de lesa humanidad durante la dictadura uruguaya de las décadas de los 70 y 80.

Con actos paralelos en ciudades de los continentes americano y europeo, este viernes en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, residentes uruguayos en el país realizaron actos artístico-culturales para impulsar a escala internacional la recolección de firmas de al menos el 10 por ciento del padrón electoral de su país (estimado en 2.7 millones), con el fin de que tenga lugar un plebiscito el 31 de octubre de 2009 –día en que habrá elecciones presidenciales y legislativas– en el que se pide anular la Ley de Caducidad.

Por la comunidad uruguaya residente en México, Iván Altesor explicó que fueron entre 200 y 300 los ciudadanos de su país que desaparecieron durante las dictaduras sudamericanas (Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil y Perú), cuyos gobiernos establecieron una coordinación que se conoció como Operación Cóndor, para perseguir y actuar con violencia, en el lugar donde estuvieran, contra los opositores a esos regímenes.

En el acto, uruguayos convocaron a sus compatriotas a contribuir, con su firma, a la anulación de los artículos primero al cuarto de la Ley 15 848, “que constituye una mácula, una afrenta a la razón, una burla al derecho nacional e internacional, como lo estableció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1992, cuando recomendó al Estado uruguayo revertirla por violatoria del Pacto Interamericano en la materia”.

Esta ley, acusaron, “garantizó más de 20 años de impunidad y trató de correr un manto de olvido e imponer la memoria de los asesinos y sus cómplices civiles a una sociedad traumatizada por el terror de Estado, y sigue, pese a ello, rigiéndonos”.

Tras enlistar instancias internacionales defensoras de derechos humanos, que han logrado evitar que los Estados emitan medidas para asegurar la impunidad a quienes perpetraron delitos de lesa humanidad, el director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Miguel Concha, dijo que el éxito de iniciativas como la Ley de Caducidad “sería una prueba más de que las autoridades uruguayas no dan la suficiente prioridad a la promoción y protección de los derechos humanos para reconstruir el Estado democrático y la convivencia de una sociedad civilizada”.