■ Candidaturas ciudadanas y régimen de acceso a radio y tv, otros temas a evaluar mañana
La Corte avala el proceso legislativo en que se aprobaron reformas al Cofipe
Por mayoría, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que no hubo violación a las normas en el proceso llevado a cabo por los legisladores para aprobar el actual Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), cuyo decreto fue publicado el 18 de enero de este año.
El presidente de la SCJN, Guillermo Ortiz Mayagoitia, sintetizó así el resultado de la sesión: “habría cinco votos por el sobreseimiento y seis por la inoperancia de los argumentos que se hicieron valer contra la reforma a la Constitución”. Se refería a que hubo argumentaciones de los partidos Verde Ecologista, Convergencia, del Trabajo, Nueva Alianza y Alternativa Socialdemócrata sobre la constitucionalidad del nuevo Cofipe.
La mayor parte de la sesión estuvo dedicada a analizar si los partidos habían impugnado toda la legislación electoral. Al final del día los ministros dividieron sus opiniones respecto de la improcedencia de las impugnaciones a la forma en que el Poder Legislativo aprobó el Cofipe y si se había violado algún artículo de la Constitución; sin embargo, ganó por seis votos contra cinco la determinación de que los argumentos esgrimidos por los partidos eran “inoperantes”.
Si bien en su momento el ministro Mariano Azuela Güitrón expresó que “es un problema de violación a la legalidad pero no de constitucionalidad”, en referencia a que si bien no se cumplió con lo establecido en la Ley para la Reforma del Estado, sí se siguieron los procedimientos y reglas establecidos para la aprobación de alguna iniciativa en las cámaras que componen el Congreso de la Unión.
En la sesión no concluyó el estudio de las acciones de inconstitucionalidad promovidas por los partidos políticos. Para la siguiente, que se realizará el jueves próximo, se discutirán otros puntos de los 10 considerados para análisis, entre ellos la exclusión de las llamadas candidaturas ciudadanas; el nuevo régimen para coaliciones; el de acceso a radio y televisión; el otorgamiento de financiamiento público por concepto de actividades específicas; la exclusión de las agrupaciones políticas nacionales del financiamiento público ordinario; los requisitos para constituir nuevos partidos políticos; los requerimientos de elegibilidad en los estatutos de los partidos políticos; las cláusulas relativas a los observadores electorales, y el establecimiento de multas fijas.