■ La cifra pasó de 2007 a este año de 40 a 43.4%, revela sondeo efectuado en todo el país

Dos años después de los comicios federales, aumenta la percepción de que hubo fraude

■ El “nuevo” Instituto Federal Electoral, cuestionado

■ Las televisoras están en abierto desafío

Arturo Cano

Era un bello edificio admirado dentro y fuera de México. Erigirlo había costado años y años de batallas a las oposiciones, reformas a cuentagotas. Se coronó campeón de la democracia a la mexicana en 2000… y se derrumbó en unas horas.

La tarde del 5 de julio de 2006, los consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE) salían por la puerta trasera para evitar toparse con los representantes de la coalición Por el Bien de Todos. Eran las angustiosas horas en que el Programa de Resultados Electorales Preliminares daba escasa ventaja a Andrés Manuel López Obrador, y los consejeros se negaban a declarar un vencedor.

Para entonces ya era claro que la primera víctima era la credibilidad del IFE y, con ella, la confianza ciudadana.

–El IFE está irremediablemente tocado –se decía al consejero Rodrigo Morales en esas truculentas horas.

–Es posible –respondía con rostro de abatimiento y gesto que afirmaba más que dudar.

Morales fue uno de los primeros en salir como resultado de la reforma electoral pactada por las principales fuerzas políticas del país. Unos meses antes de la salida de Morales, en un primer paquete de relevos, renunció, cuando ya prácticamente lo habían echado, el consejero presidente, Luis Carlos Ugalde, llegado ahí de la mano de Elba Esther Gordillo, de quien fue empleado.

“Aceptar nuestra remoción es aceptar que hubo fraude”, sentenció Ugalde en su pataleo final, en diciembre de 2007.

Ahora prepara un libro sobre su verdad en torno a los comicios del 2 de julio. Quería publicarlo antes del segundo aniversario de la elección presidencial, pero se atrasó en el trabajo quizá porque le hacía falta recordar episodios con algunos personajes. Hace unas semanas, por ejemplo, cenó para tal efecto en la casa de Fernando González Sánchez, subsecretario de Educación y pieza clave en la operación electoral de Elba Esther Gordillo, su suegra.

Sí hubo fraude: percepción ciudadana

Es muy probable que Ugalde tenga razón. Su salida y la de los demás consejeros electorales, además de las reformas que pegan a los privilegios de los partidos pequeños y a los enormes poderes de la televisión, parecen haber contribuido a la percepción ciudadana de que el conflicto político, que arrancó en la elección de hace dos años, sigue abierto.

En el primer aniversario de las elecciones federales, 39 por ciento de ciudadanos consideraban que el conflicto no estaba cerrado. Este año la cifra ha subido a 43.4 por ciento, frente a 40.4 que piensa que ya está solucionado. El país, con todo y que la aprobación del gobierno de Felipe Calderón ronda 60 por ciento, sigue partido a la mitad.

La encuesta fue aplicada a mil ciudadanos de todo el país durante la segunda quincena de junio, y ofrece otros aportes interesantes relacionados con la percepción de lo sucedido hace dos años. Uno de cada tres ciudadanos sigue pensando que hubo fraude electoral, aunque sólo 25 por ciento considera que el ganador fue Andrés Manuel López Obrador.

Ni la reforma electoral aprobada por las principales fuerzas políticas con la nada despreciable oposición de las televisoras, ni los comicios locales resueltos desde entonces sin conflictos significativos, han logrado que mejore la percepción ciudadana sobre la situación política del país. En 2007 los ciudadanos afirmaban que había mejorado, pero ahora 71 por ciento consideran que es peor que hace un año, cifra muy similar al 75 por ciento de octubre de 2006.

Pese a las campañas permanentes de defensa de las instituciones y a la muy persistente uniformidad de los medios electrónicos, la mitad de los ciudadanos del centro del país sigue considerando que hubo fraude electoral en 2006, lo mismo que casi 40 por ciento en el sureste. En el norte y el Bajío esa idea se reduce a 20 y 26 por ciento.

¿Fin a la democracia de los espots?

El conflicto abierto sigue teniendo consecuencias. Una de las más destacadas es la reforma electoral que propició el relevo de los consejeros del IFE. Pero en el paquete tienen mayor importancia los cambios que originaron el ataque frontal de las televisoras contra el Poder Legislativo mexicano.

La guerra sucia, los espots sin control en radio y televisión y los ríos de dinero en las elecciones, ingredientes que marcaron los comicios de 2006 sin que el IFE tuviera herramientas –ni ganas– para someter la ilegalidad, se convirtieron en la sustancia a la que dirigió sus baterías la nueva reforma electoral.

“Estamos tocando intereses fácticos mediáticos, intereses que asumen que porque son concesionarios de un bien público pueden imponerse al Estado y a sus órganos, y pueden poner de rodillas a partidos, candidatos, legisladores y a todos en la sociedad, porque controlan el acceso a la televisión y a la radio. Eso es lo que estamos parando en seco”, resumió Carlos Navarrete, coordinador de los senadores del PRD, en la muy rememorada sesión de septiembre de 2007.

Entre las nuevas reglas que ya se han comenzado a probar se estableció que los partidos y sus candidatos tendrán acceso a radio y televisión en los tiempos oficiales; se prohibieron mensajes denigrantes y también la autopromoción de la imagen personal de los gobernantes; se ampliaron los controles sobre el dinero que manejan partidos y candidatos (con el fin del secreto bancario, fiduciario y fiscal de los partidos); se prohibió la intervención de organizaciones gremiales en la creación de partidos, y se disminuyó la duración de las campañas electorales.

Los nuevos consejeros y los grupos de interés

Los nuevos consejeros fueron designados en un proceso que fue de tropezón en tropezón, que agotó los plazos legales y estuvo sujeto más a las pulsadas entre los tres partidos grandes que a los méritos y perfiles de los candidatos.

La integración de lo que se ha dado en llamar el “nuevo IFE” es vista por algunos analistas como avance en la imparcialidad, aunque no falta quien le atribuya sesgos priístas o panistas.

Tres consejeros entraron en febrero pasado –entre ellos su presidente, Leonardo Valdés– y tres más fueron designados por la Cámara de Diputados hace unos días. De ese modo se completó la renovación parcial del Consejo General, establecida en la reforma constitucional, pese a que el periodo de los consejeros terminaba en 2010.

En ambos paquetes se excluyó a las candidatas, de manera que a partir del 15 de agosto no habrá tres mujeres, sino solamente una, en el Consejo General. También destacó la exclusión de Jorge Alcocer, a quien, se dice, Felipe Calderón había asegurado que alcanzaría su largamente acariciada aspiración de ser consejero del IFE. Alcocer pagó su papel en la redacción de la reforma, que prohíbe a partidos y candidatos contratar propaganda en los medios electrónicos.

Igual que Santiago Creel, echado de la coordinación de los senadores del PAN porque no retrataba bien en las pantallas.

La guerra del Legislativo contra el duopolio televisivo es uno de los expedientes abiertos por los cuestionados comicios de hace dos años. El nuevo IFE ha sido criticado, como lo fue el de Ugalde, por su tibieza frente al abierto desafío de Tv Azteca, que decidió no transmitir anuncios de los partidos. Y la reforma a la ley de radio y televisión vio pasar el periodo extraordinario debido a las presiones de las televisoras.

En suma, el país sigue partido y los “poderes fácticos” muy vivos, pese a los avances provocados por el 2 de julio. Quizá por eso Santiago Creel no echaba las campanas al vuelo con la reforma electoral: “No celebremos, todavía quedan muchos grupos de interés qué reordenar en este país”.