■ Directivos y ex funcionarios del organismo hicieron una defensa a ultranza de la reforma

¿Dónde queda el IMP en la iniciativa de Calderón?, preguntan especialistas

■ En duda, los reales contenidos de impulso a la ciencia y la tecnología, lamentan en el Senado

Rosa Elvira Vargas y Ciro Pérez Silva

Frente a la defensa a ultranza que directivos y ex funcionarios del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) hicieron ayer en el Senado de la República a la iniciativa del presidente Felipe Calderón en materia petrolera, las preguntas formuladas por científicos y legisladores sobre dónde están y cuáles son los reales contenidos de impulso a la ciencia y la tecnología mexicanas en ese documento, quedaron en el aire.

“¿Para qué sirve el IMP?, ¿qué hace?, ¿cuántas patentes del instituto se están vendiendo internacionalmente?, ¿cuánto dinero se obtiene de las mismas?”, fueron algunas de las interrogantes a las que tanto Heber Cinco Ley, director del instituto, como su antecesor, Gustavo Chapela, buscaron encarar sobre todo con un glosario de los proyectos que desarrolla la institución para asegurar que su contribución al desarrollo de la industria petrolera nacional “ha sido considerable”.

Sin embargo, admitieron que durante largo tiempo el Instituto Mexicano del Petróleo y Pemex “hablaron un idioma distinto”.

Javier Castellón Fonseca, ex rector de la Universidad Autónoma de Nayarit, consideró la pertinencia de preguntar si el IMP ha cumplido los objetivos para los cuales fue creado, en virtud de la disminución constante a su financiamiento por parte de Pemex, y quiso indagar si ese organismo es un centro público de investigación o una empresa de servicios.

Luego vino la interrogante que nadie, salvo algún legislador panista –y de manera tenue– logró responder: “¿En qué párrafo de la iniciativa de reforma, en cuál del diagnóstico de la industria petrolera, se menciona al IMP?, ¿cuáles son los puntos que le convienen al instituto en esta reforma?”, como planteó Nicolás Domínguez Vergara, jefe del Departamento de Sistemas de la Universidad Autónoma Metropolitana.

Lo que sí alcanzó consenso fue la urgencia de elaborar un proyecto nacional de desarrollo científico y tecnológico de largo plazo, que responda ante todo al tipo de país que se busca alcanzar.

Hacia ese punto se dirigieron lo mismo Fernando Elizondo, del PAN, que Castellón Fonseca; la presidenta de la Academia Mexicana de Ciencias, Rosaura Ruiz, Leopoldo Rodríguez y el propio Gustavo Chapela, quien definió a la comunidad científica mexicana como “excelente, pero muy pequeña”, y además “estamos envejeciendo”.

Lo que no pasó desapercibido tanto para los ponentes como para sus anfitriones y el público que ayer acudió a la casona de Xicoténcatl fue la revelación del panista Juan José Rodríguez Prats, quien aseguró que la propuesta hoy a debate, y en breve sujeta a dictamen, “nunca se calificó por el Ejecutivo de reforma energética: fue una reforma a Pemex”.

El tabasqueño recurrió a su habitual vehemencia para defender la postura presidencial y asegurar que no se requiere de una alusión directa al IMP en la iniciativa, porque el apoyo a esa institución se dará cuando se le quiten obstáculos y limitaciones a Petróleos Mexicanos. En dos momentos –y sin que se percatara para enmendar– cayó en el lapsus de hablar de Instituto Mexicano del Café, cuando en realidad se refería al del Petróleo.

Rosaura Ruiz, también secretaria de Desarrollo Institucional de la UNAM, pidió ser cuidadosos con la política de estímulos fiscales a las empresas que realicen desarrollo tecnológico, para que aquellos no se conviertan en una forma de evasión tributaria (como en efecto ocurre y se documentó hace unos días en un reportaje en estas páginas). Asumió además que el IMP, a diferencia de casi todas las demás instituciones en el país, sí cuenta con “todo lo necesario para hacer investigación”.

La formación del llamado capital humano se asumió como consenso, sobre todo ante el hecho señalado por Leopoldo García Colín, miembro de El Colegio Nacional, de que hoy, “para convencer a alguien que estudie ingeniería hay que sudar”.

Con más optimismo pese a las evidencias, Enrique Aguilar, gerente de Tecnología del IMP, lamentó sin embargo la carencia de expertos mexicanos en temas de ingeniería, y señaló que si bien la tecnología representa uno por ciento de un proyecto industrial, cuando aquella se compra como “caja negra”, más de 50 por ciento del equipo está atado y condicionado por el licenciador para cumplir sus garantías de desempeño.

Admitió entonces que Petróleos Mexicanos ha sido una empresa conservadora para la adaptación de nuevas tecnologías, “y eso ha creado barreras muy importantes”, porque cuando se desarrollan proyectos exitosos la empresa paraestatal con frecuencia argumenta que no puede probarlos para no arriesgar su sistema productivo.

José Luis Fernández Zayas, del Consejo Consultivo de Ciencia y Tecnología, apoyó la iniciativa presidencial y se mostró en favor de un desarrollo nacional en esas áreas, aunque resaltó: “Hay que saber qué tecnología comprar y para eso necesitamos expertos”. México, dijo, invierte mucho en educación y lo hace muy mal.

Respecto de la denuncia que había hecho el propio doctor Aguilar, sobre que las leyes de adquisición en México exigen comprar lo más barato, aunque no sea lo de mejor calidad, el diputado Joaquín Vela, del Partido del Trabajo, le dio la “mala noticia” de que mientras la oposición se encontraba en poder de las tribunas del Congreso para exigir este debate, el resto de legisladores aprobaron la nueva disposición para compras del sector público, “donde se reiteró que se va a comprar lo más barato y ahora también al exterior”.