■ Contaminan nuestro manantial y destruyen las siembras, acusa Comité contra la Represión
Indígenas de Chiapas denuncian incursión policiaca en Cruztón para quitarles un predio
■ “Nos amenazan con refuerzo militar” para buscar minas en un área de 70 hectáreas, señalan
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Indígenas del municipio de Venustiano Carranza, en Chiapas, otra vez son hostigados por policías estatales, quienes amenazan con despojarlos de sus pertenencias. En la imagen, un tojolabal camina bajo la lluvia
Foto: Notimex
El Comité contra la Represión de la comunidad Cruztón, en el municipio Venustiano Carranza, Chiapas, denunció que desde el pasado 18 de junio, la Policía Estatal Preventiva (PEP) ocupa un predio de 70 hectáreas que pertenece a la comunidad, pero es reclamado por agricultores del “supuesto ejido” San José Cerro Grande I (procedentes de los municipios Teopisca y San Cristóbal de las Casas, y del poblado Nuevo León, en Carranza).
La invasión fue realizada por unas 25 personas, encabezadas por el fiscal Linberg Capito Juárez, delegado de gobierno, y su secretario, Rafael Méndez Coutiño.
El 20 de junio, los policías “realizaron un recorrido por las orillas de la comunidad, hasta la casa de Ángel Gómez. Las mujeres se organizaron “para preguntarles el motivo de su presencia”, pero los agentes “se dieron cuenta y salieron corriendo”.
Cuando las mujeres llegaron a la casa de don Ángel –añade la denuncia– “preguntamos el motivo de la presencia de la PEP, contestándonos que si no nos retirábamos nos iba a buscar delitos y acusar ante el Ministerio Público. Nos sorprendió la actitud de don Ángel, ya que siempre lo hemos respetado porque es nuestro vecino”.
El día 22, una patrulla de la PEP llegó a la entrada principal de la comunidad. En ella iban ocho agentes armados, quienes se dijeron “perdidos” y que buscaban a otros elementos de su corporación. Luego regresaron “burlándose de nosotros”.
El día 23 se presentaron Roberto Peña Gordillo y otras personas “a preguntar por varios de nuestros compañeros, diciendo que son de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), y según que nos estaban buscando para comenzar mesas de diálogo; les contestamos que el gobierno rompió el diálogo (en abril pasado) metiendo la policía a nuestras casas y tierras, y fabricándonos delitos”.
A diario pasan tres patrullas de la PEP. Los mismos policías comentan que “a como dé lugar van a realizar exploraciones para encontrar minas (se supone que hay un proyecto minero en la zona), que esperan al Ejército federal para tener refuerzos por vía aérea, que van a llegar al municipio de Nicolás Ruiz y subirán al cerro caminando para ‘peinar la zona’”.
La Policía Estatal Preventiva y los del “supuesto ejido” han comenzado a cortar árboles grandes, “tanto en nuestro predio como en las faldas del cerro; desde nuestras casas escuchamos las motosierras”. El día 26, el grupo invasor y los agentes introdujeron 42 cabezas de ganado. “Han dicho que en cuanto se termine la pastura van a meterlas donde tenemos nuestros cultivos de maíz y que acabarán con todo”.
Los pobladores de Cruztón, miembros de la otra campaña, señalan que “desde que llegó la policía nos estamos enfermando de dolor de estómago, diarrea y vómitos”. Su abastecimiento de agua procede del predio donde se encuentran la PEP y el grupo de San José Cerro Grande I. “Ellos contaminan nuestro manantial y destruyen las siembras, 70 hectáreas de maíz y hortalizas, nuestra esperanza para alimentar a nuestras familias este año”.
Este jueves, en una carta para los presos políticos de El Amate, los pobladores de Cruztón afirman que el gobierno de Chiapas “nos persigue como si fuéramos delincuentes, por defender nuestros derechos”. Exhortan a los destinatarios a seguir luchando “adentro (de la cárcel), y nosotros aquí afuera: juntos venceremos las injusticias del mal gobierno”.
El conflicto data de 1994, cuando personas ajenas a Cruztón, haciéndose pasar por zapatistas, invadieron 306 hectáreas que desde 1988 pertenecen a la comunidad. Ésta decidió recuperarlas en 2007. Hace unas semanas (La Jornada, 28 y 29 de abril), 500 policías estatales irrumpieron en Cruztón intentando con violencia el desalojo de los pobladores, quienes entonces, como ahora, se resistieron pacíficamente. El 30 de abril, la junta de buen gobierno zapatista de Oventic se pronunció en favor de los habitantes de Cruztón.