1988: la caída del sistema

■ Aún genera suspicacias la muerte del ex candidato arquetipo de los “bárbaros del norte”

El PAN dejó solo a Maquío en la defensa del voto y aceptó cogobernar con el PRI

■ El sinaloense demandó la apertura de los paquetes electorales para garantizar la legalidad

Georgina Saldierna

Prototipo de los “bárbaros del norte”, Manuel de Jesús Clouthhier del Rincón se convirtió el 22 de noviembre de 1987 en el candidato presidencial del Partido Acción Nacional (PAN) con la expectativa de obtener la primera magistratura, pues en el ámbito de la dirigencia blanquiazul se estimaba que había condiciones para una victoria del pueblo sobre el autoritarismo, la corrupción y la injusticia que simbolizaba el Partido Revolucionario Institucional.

Sin embargo, ocho meses después el ex dirigente empresarial vio esfumar sus esperanzas en las controvertidas elecciones del 6 de julio de 1988, tras las cuales se sumó a la lucha contra el fraude. Pero en sus movilizaciones, cuentan los analistas políticos de la época, sólo contó con la pasividad de un PAN que meses después aceptó cogobernar con el PRI. De tal situación, Maquío ya no pudo ser testigo, pues un año después murió en un accidente automovilístico que aún hoy genera suspicacias.

Descendiente de una familia francesa que amasó fortuna al amparo de la Ley de Terrenos Baldíos, Manuel J. Clouthier ingresó al PAN a principios de los años 80, luego de fundar y dirigir instituciones agrícolas en Sinaloa, su estado natal, y acceder a la presidencia de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en los gobiernos de Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo, desde donde se enfrentó al régimen por la nacionalización de la banca y otras decisiones gubernamentales.

Destacado representante del neopanismo que se apoderó del blanquiazul en los 80, el candidato presidencial denunció desde antes de la jornada comicial la pretensión del régimen de cometer fraude electoral para mantenerse en el poder y suscribió con los otros abanderados de la oposición un acuerdo para defender el voto. El convenio fue signado por Rosario Ibarra de Piedra, aspirante del Partido Revolucionario de los Trabajadores, y Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, del Frente Democrático Nacional (FDN). Gumersindo Magaña, del Partido Demócrata Mexicano, no participó.

La decisión de luchar unidos por el respeto al sufragio se cristalizó el 6 de julio por la noche, cuando Clouthier, Ibarra y Cárdenas llegaron a la Secretaría de Gobernación para entregarle al entonces titular de la dependencia, Manuel Bartlett Díaz, un documento titulado “Llamado a la legalidad”, en el que formularon un exhorto al gobierno de la República para que reparara de inmediato las desviaciones detectadas en el proceso e hiciera respetar la voluntad ciudadana.

Frente a las irregularidades registradas y la falta de resultados en la red de cómputo utilizada para el conteo de la votación –incidente que con el tiempo se conocería como la caída del sistema–, los tres candidatos llamaron al restablecimiento de la legalidad. Advirtieron que no aceptarían los resultados ni reconocerían a las autoridades que provinieran de hechos fraudulentos y anunciaron que defenderían los derechos del pueblo mexicano con todas las armas que la Constitución otorga.

Resistencia civil y referendo nacional

De esa manera, Maquío inició la resistencia civil en contra del fraude, entre cuyas estrategias se encontraba la realización de un referendo nacional para confirmar la legalidad o ilegalidad de las elecciones y movilizaciones en todo el país.

Una de ellas se produjo el 12 de julio en el Palacio de Bellas Artes, donde el ex candidato quería manifestar su inconformidad directamente al presidente Miguel de la Madrid, quien acudía a un acto en ese lugar, pero en su intento forcejeó con integrantes del Estado Mayor Presidencial al tiempo que un grupo de uniformados lo encañonaron y cortaron cartucho. Sólo la intervención oportuna de un oficial evitó que la protesta derivara en un hecho lamentable.

En su batalla contra la defraudación del voto ciudadano, el sinaloense llegó a pedir la apertura de los paquetes electorales por ser un imperativo para garantizar legalidad y justicia en el país.

Pero de manera paradójica, la estrategia de Maquío no fue acompañada por la dirigencia del PAN, que se mostró pasiva frente a la actuación cada vez más autónoma del abanderado, refieren analistas políticos e historiadores. Tras la revisión de la jornada del 6 de julio, la cúpula blanquiazul dijo que la elección se había convertido en una imposición y que la presidencia de 1988-1994 estaba de origen herida de legitimidad.

Sin embargo, ofreció una salida a la situación al hablar de la “legitimidad secundaria” que podía conseguirse si desde el primer día de sus funciones, el presidente actuaba como gobierno de transición y acataba el mandato popular de democratización, pluralismo, justicia social y soberanía nacional.

En sus reflexiones, el PAN consideraba que en momentos de fragilidad institucional la función de una oposición democrática responsable no era obstaculizar la acción gubernamental, sino ser el portavoz de los mexicanos que habían votado contra el partido en el poder. En suma, su función era cogobernar. Y, en efecto, a lo largo del sexenio de Carlos Salinas de Gortari cogobernó con el PRI.