■ Expone como razón los requerimientos del Ejército para enfrentar al narcotráfico

Concentrar en un solo lugar de cada estado los paquetes electorales, pide Sedena al IFE

■ En 2006 se gastaron más de $140 millones en los haberes de la tropa al cuidado de las boletas

Alonso Urrutia

Tras conocerse la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que coloca en la incertidumbre el plazo en que el Instituto Federal Electoral (IFE) decidirá en torno al destino de las boletas electorales, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) envió un oficio al consejero presidente, Leonardo Valdés, en el que solicita formalmente concentrar los paquetes en un solo lugar de cada estado. La razón: liberar a los soldados adscritos a las juntas distritales, ante los requerimientos que el Ejército tiene para enfrentar al narcotráfico y que se conjugan con sus labores de protección civil.

El oficio, elaborado por el subjefe operativo del Estado Mayor de la Defensa Nacional, general Arturo Oliver, destaca que, con base en los objetivos fijados por la Presidencia de la República, “el Ejército y la Fuerza Aérea han emprendido una serie de operaciones de alto impacto tendientes a recuperar la fortaleza del Estado, presentando un combate frontal y eficaz contra el narcotráfico, actividades que han dado resultados satisfactorios, pero que demandan el empleo de una gran cantidad de personal militar en todo el territorio nacional”.

Más adelante, el documento subraya que debido a las responsabilidades que recaen en el Ejército, derivadas del marco legal que lo rige, la presencia de fenómenos hidrometeorológicos obligan a la dependencia a desplegar más personal para la aplicación del Plan DN-III, de auxilio a la población, en funciones de protección civil en los lugares en los que se requiera en esta temporada.

Por estas razones “se solicita su valiosa intervención con la finalidad de concentrar en un solo lugar en cada estado, en el concepto de que el personal militar continuará resguardando el material electoral en el sitio que se designe”. El Ejército pide además que las instalaciones cuenten con medidas de habitabilidad e higiene.

Informes de la Sedena dan cuenta de que tan sólo entre junio y diciembre de 2006, la dependencia gastó más de 140 millones de pesos en los haberes que requerían los efectivos destinados al cuidado de las boletas electorales.

La Secretaría de la Defensa Nacional desplegó 3 mil 144 elementos hasta el mes de noviembre de 2006, cuando redujo sustancialmente el despliegue para asignar solamente mil 310 soldados al cuidado de las 262 juntas distritales del Instituto Federal Electoral en donde tiene a su cargo el resguardo, toda vez que las otras 38 están asignadas a la Secretaría de Marina.

Sin embargo, aunque aún no se ha discutido colectivamente sobre el nuevo escenario que prevalece en torno a las boletas electorales tras la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no hay una postura uniforme a pesar del pronunciamiento público de Valdés anunciando el acatamiento de las medidas cautelares solicitadas.

Así, por ejemplo, el consejero Benito Nacif destacó el hecho de que las decisiones de la CIDH no son vinculantes para México –sólo las que emite la Corte Interamericana de Derechos Humanos–, por lo que el organismo sólo debería aguardar la resolución del último recurso interpuesto en juzgados nacionales, “porque ese sí nos obliga a suspender cualquier decisión de destruir los paquetes”.

Incorporado al IFE a partir de febrero pasado, Nacif confió en que de haberle tocado decidir en torno a la apertura de las boletas electorales a los ciudadanos, se hubiera manifestado en favor de ello. Sin embargo, dijo, es claro que las condiciones se han modificado y en la actualidad ya se ha desahogado todo un camino legal que imposibilita dicha apertura.

Por su parte, el consejero Virgilio Andrade consideró que si bien la recomendación no es un hecho vinculante para el IFE, hay otras variables que el organismo debería atender y respetar las medidas cautelares que ha dictado el organismo internacional. Reconoció que existen algunos factores administrativos a considerar –como la utilización de las instalaciones donde se almacenan los paquetes y el costo que ello implica–, pero “debemos dar prioridad a otros elementos como la certeza”.

Convencido de que se debe seguir la ruta trazada por la recomendación de la CIDH, subrayó que al gobierno y otras instancias les debe quedar claro que la respuesta que como Estado mexicano debe ofrecerse a ese organismo corresponde al IFE realizarla. En ella se resumirían las razones legales que tuvo el instituto para negar el acceso a las boletas y las posturas que las diversas instancias judiciales han adoptado al respecto.