■ Señala que se han intensificado pobreza y crisis sociales en las localidades afectadas
Busca Convergencia impulsar diálogo para solucionar las huelgas mineras
■ Denuncia que Grupo México ordenó cerrar un hospital que antendía a enfermos de silicosis
A casi un año de haber iniciado las huelgas de Cananea, Sonora; Taxco, Guerrero, y Sombrerete, Zacatecas, los pueblos donde se ubican las minas han resentido paralización económica, cierre masivo de negocios, desplome del comercio, pérdida de puestos de trabajo, desintegración familiar por la migración de hijos de los mineros y cúmulo de deudas y créditos incobrables en la región, por lo que el grupo parlamentario del partido Convergencia presentará hoy ante la Cámara de Diputados un punto de acuerdo para solicitar la instalación de una mesa que negociación en busca de una salida al conflicto.
La propuesta, del diputado Alberto Esteva Salinas, será presentada ante la Comisión Permanente, y en ella se hace un exhorto a la Secretaría de Gobernación para que se instale esta mesa y en ella participen autoridades de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), una delegación de las secciones mineras en huelga, representantes del Grupo México (la patronal) y legisladores, “a fin que se puedan resolver conforme a derecho y respetando la autonomía y libertad sindical” las tres huelgas.
El sector minero, plantea la propuesta, atraviesa por una “crisis sindical a escala nacional”, cuya solución parece no interesar a la representación patronal y a la STPS. Tal parece que Industrial Minera México apuesta al desgaste económico de los mineros y derrotarlos así para buscar la desaparición del contrato colectivo vigente junto con las prestaciones que contempla.
“Dichas pretensiones son inocultables: quieren liquidar al personal y contratar otro con distinto sindicato y líder a modo, e imponer prestaciones ínfimas que les permitan una explotación sin límite de las riquezas minerales de las regiones”, indica el punto de acuerdo.
Establece que las tres huelgas, que iniciaron el 30 de julio del año pasado y están por cumplir un año, han tenido graves efectos sobre los trabajadores mineros y las poblaciones paralizadas, “al grado de que se ha incrementado la delincuencia en las poblaciones aledañas a dichas minas y priva un estado permanente de inseguridad en las calles ante una pobre respuesta de las autoridades municipales. La población se encuentra atemorizada ante la presencia de cuerpos policiales, que los amedrentan y grupos de choque pagados por Grupo México que constituyen un riesgo, no solamente para las familias mineras”.
Incluso en Cananea, la empresa, en “represalia, ha cerrado el hospital minero El Ronquillo, lo cual ha agravado la situación, pues se ha dejado de dar un servicio médico tan necesario en la región, pues el polvo cargado de sílice cristalina, impulsado por los vientos de la región, afecta no sólo los pulmones de los hombres, sino también de las mujeres, niñas y niños, quienes suelen padecer alergias y problemas estomacales constantes”. De igual forma, debido al cierre del hospital, los mineros retirados, enfermos de silicosis, se encuentran impedidos de recibir medicamentos y cuidados necesarios.
La iniciativa del legislador Alberto Esteva fue suscrita por el coordinador del grupo parlamentario de Convergencia, Alejandro Chanona Burguete, quien envió el exhorto al presidente de la Junta de Coordinación Política de San Lázaro, Héctor Larios Córdova, para que sea presentado hoy mismo.
En las consideraciones de la propuesta, se indica que, “hasta la fecha, no ha existido voluntad de ninguna autoridad para dar solución al conflicto; la STPS, que está obligada a hacerlo, ha demostrado actuar con la intención de favorecer a una sola parte, que es la patronal”, y propone que las huelgas deben ser atendidas con “equidad y prontitud”, y “debe cesar el autoritarismo y complicidad que afecta a los mineros y sus familias”.