■ Datos oficiales indican que 65 eran agentes municipales, y 44 entre federales y estatales
En el primer semestre de 2008 murieron 109 policías en acciones contra el crimen
Un reporte interno de la Procuraduría General de la República (PGR) expone que de enero al 23 de junio de este año han muerto 109 policías federales, estatales y municipales en acciones relacionadas con la lucha contra el crimen organizado.
El parte oficial del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi) de la PGR –obtenido por medio de una solicitud de información– destaca que del total de los agentes muertos, 22 eran federales e igual número estatales, así como 65 uniformados municipales.
Respecto del primer año de gobierno, el saldo fue de 227 elementos muertos.
De ellos, 120 eran policías municipales, 73 estatales y 34 federales, refiere el documento.
Sobre las cifras de diciembre de 2006, la dependencia federal no reportó elementos fallecidos.
Por otra parte, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal destaca que de diciembre de 2006 hasta la primera quincena de mayo de 2008 habían causado baja de la institución 579 policías federales preventivos, con grados desde comisario general hasta cabos.
Según sus cifras, 552 fueron por renuncia, 18 por defunción, ocho por inhabilitación de la Secretaría de la Función Pública y uno por destitución.
Aunque las ejecuciones del crimen organizado han ido al alza en el país, este es el momento en que el gobierno federal tiene que iniciar un replanteamiento de sus estrategias en materia de seguridad pública para combatir a estos grupos y lograr que las fuerzas armadas sean replegadas a sus cuarteles, consideró Iván del Llano, especialista en el tema.
El académico del Instituto Nacional de Ciencias Penales señaló que con las acciones que se han emprendido a escala nacional contra el crimen organizado y el narcotráfico, “ya está el mensaje muy fuerte” para que la administración calderonista inicie la profesionalización y capacitación de los policías civiles, con el propósito de que la Secretaría de Seguridad Pública federal sea la única instancia encargada de combatir a los grupos criminales.
Es necesario, sostuvo, que se fortalezca para que asuma ya “la responsabilidad única y directa de la seguridad pública” y que aproveche los beneficios que se alcanzaron con la reforma al sistema judicial –como la modificación al artículo 21 constitucional– en materia de investigación de delitos.