México SA
■ AL, dependencia de las metrópolis
■ ¿Alguien le cree a Budebo?
Producto de los “gobiernos modernizadores” que América Latina padece desde muchos años atrás, la región ha incrementado sostenidamente su dependencia de las grandes metrópolis, en el más colonial de los sentidos. Lo es en términos políticos, comerciales, económicos, financieros y, de forma creciente, tecnológicos, con lo que el control de aquellas está más que garantizado.
En lugar de destinar recursos a la investigación y desarrollo nacionales, a esos gobiernos les ha resultado más cómodo –aunque condenen a sus supuestos representados a depender cada día más de las grandes metrópolis– alquilar tecnología, ya sea mediante la recepción de inversión extranjera directa, el pago de regalías o la compra de licencias en los mercados foráneos. El resultado, más que obvio, es que la región se ubica entre las de menor crecimiento y mayor dependencia en el citado renglón.
En este sentido, la Cepal nos regala un nada grato paseo por los resultados de dichas prácticas, tras analizar el periodo 1995-2004. Y entre sus conclusiones destaca que una de las deficiencias más importantes de los países en desarrollo, con América Latina a la cabeza, es su baja capacidad para la generación interna de tecnología e innovación, por lo cual, la adquisición externa de conocimiento se presenta como una “herramienta útil” para superar esta barrera, aunque ni lejanamente soluciona el problema de fondo.
La inversión extranjera directa, anota el organismo, está asociada habitualmente a beneficios esperados en términos de derramas tecnológicas. Los pagos por regalías y adquisición de licencias estarían reflejando la adquisición de conocimiento por un canal más directo que involucra un proceso de aprendizaje mediante el seguimiento de instrucciones determinadas y bajo la supervisión del productor internacional. Así, en América Latina se reporta una tendencia constante al crecimiento de los pagos por regalías y adquisición de ese tipo de licencias en todos los países y durante todo el período, así como una aceleración a partir de 1993. En consecuencia, los valores correspondientes al período considerado son muy superiores a los previos en todos los países. El análisis por países muestra que los más destacados en pagos por licencias, como porcentaje del PIB, son Chile (0.37 por ciento), Panamá (0.32) y Costa Rica (0.29). México destina el 0.1 por ciento del PIB.
En el marco de irregularidades en la disponibilidad de datos y un comportamiento oscilante de los gastos en actividades científico-tecnológicas, con aumentos y disminuciones, se destacan los casos de tres países que revelan estar haciendo importantes esfuerzos en la materia, con un nivel de gasto promedio para todo el periodo mayor a uno por ciento de su PIB: éstos son Brasil (1.3 por ciento), Perú (1.08) y Costa Rica (1.06). En un nivel intermedio se encuentran Panamá (0.83) y Bolivia (0-54). En el otro extremo, es llamativo el bajo nivel de gasto correspondiente a Ecuador, que oscila entre 0.17 y 0.24 durante el período analizado. México a duras penas alcanza el 0.36 por ciento, por debajo del promedio regional. Aún así, los datos disponibles para la región en su conjunto indican un descenso del gasto en dicho renglón a partir de 1996.
Existe una marcada insuficiencia de información sobre los gastos en investigación y desarrollo en las naciones latinoamericanas. No hay datos para Guatemala, República Dominicana y Venezuela; respecto de Paraguay, El Salvador y Nicaragua los datos no bastan para registrar tendencias. La participación promedio de los gastos en este renglón con respecto al producto interno bruto permite distinguir dos casos que tienen una participación mayor al promedio regional (0.54 por ciento); éstos son Brasil (0.99) y Chile (0.57). Por debajo del promedio regional, pero no demasiado alejados de éste, figuran Argentina (0.42 por ciento), México y Panamá (0.36). En el extremo inferior aparecen aquellos cuya participación es de 0.10 por ciento o menos (Ecuador, Honduras, Paraguay y Perú), lo que ilustra las mencionadas diferencias en el interior de la región.
Latinoamérica ha oscilado, como promedio, en un nivel de gasto en investigación y desarrollo de alrededor del 0.5 por ciento del producto interno bruto, lo que decididamente no contribuye a reducir la brecha tecnológica con respecto al primer mundo: en Estados Unidos, por ejemplo, este indicador se ha mantenido durante el período en alrededor de 2.5 por ciento del PIB.
Se observa un desplazamiento de los gastos de investigación y desarrollo de la básica a la aplicada y al experimental. La participación en el primero de los renglones mantiene una tendencia a la baja durante todo el periodo y en todos los casos, mientras que en la segunda aumentó o se mantuvo relativamente estable, excepto en dos casos particulares: Argentina y Ecuador. La disminución de la participación de Ecuador es importante pero continúa. Asimismo, se registra un fuerte incremento en desarrollo experimental, lo cual podría indicar un cambio de orientación.
Por lo que toca a porcentajes del PIB por sector de financiamiento, la Cepal reitera que sólo se tiene información para ocho países. En estas condiciones, es difícil determinar un comportamiento general. Nicaragua y Colombia se destacan por la participación empresarial en el financiamiento, que ha sido de 45 por ciento del total, aproximadamente, en el periodo. Bolivia es el país más equilibrado en cuanto al origen del financiamiento de los gastos de investigación y desarrollo, mientras Panamá sobresale por la elevada participación del sector externo en el financiamiento. En general, se observa que la participación del Estado es alta (alrededor de 80 por ciento del total para el caso mexicano), pero en disminución a partir de 1998.
Las rebanadas del pastel
Hoy subsecretario de Hidrocarburos de la Sener, Mario Gabriel Budebo, brinca a la palestra y jura que el inquilino de Los Pinos sólo “busca quitar a Pemex las amarras que la tienen sujeta y que le impiden aprovechar su enorme potencial en beneficio del país”. Es el mismo que en tiempos de Fox, y al servicio de Gil Díaz como coordinador de asesores, se hizo bolas con el aumento de tarifas eléctricas, incremento que el gobierno del “cambio” llamó “reducción del subsidio”. Si nadie le creyó en 2002, mucho menos en 2008.